El inmenso operativo de las fuerzas de seguridad tuvo dos objetivos: interrumpir definitivamente las operaciones de al menos tres organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y ocupar -con diferentes proyectos estatales- las zonas que estos delincuentes controlaban en aquel enclave de Retiro.
Ahora, los investigadores de la Fiscalía federal Nº 1, que motorizaron aquellos operativos y aún coordinan las tareas judiciales en la 31, confirmaron a LA NACION que los narcos aún dirigen "un Estado paralelo" en zonas del asentamiento.
Javier D"Elio, uno de los coordinadores del equipo interdisciplinario de la fiscalía que planifica determinadas acciones en la villa, dijo a LA NACION: "Los narcotraficantes se oponen a la urbanización. Es que si la situación del barrio no cambia, ellos pueden seguir con su negocio".
En la misma línea se expresó el líder del equipo y titular de la Fiscalía Federal Nº 1, Jorge Di Lello: "El fenómeno de la ocupación territorial es como una guerra de trincheras, como en la Primera Guerra Mundial. Con la urbanización se da una situación especular. Cuando el Estado lleva claridad al barrio, se oscurece el panorama para los traficantes".
Mientras la Ciudad avanza con el plan de urbanización para la villa 31, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó durante los últimos días de septiembre un crédito millonario que también será destinado a mejorar la calidad de vida de quienes habitan este sector del corazón de Retiro.
Mutaciones
Sin embargo, a medida que aumenta la presencia gubernamental en la zona, los narcos modifican sus estrategias para poder continuar vendiendo drogas. "Son grupos que tienen una forma variable de organización. Cambian a medida que avanzamos con las actividades de prevención o de control del territorio", explicó Di Lello.
Por su parte, D"Elio dijo que en algunos sectores de la villa "sigue existiendo un Estado paralelo". Sin embargo, advirtió: "Salvo en zonas específicas, ya no hay personas tiradas en los pasillos consumiendo drogas porque los traficantes empezaron a habilitar algunos domicilios para que los adictos consuman las sustancias ilegales sin exponer ni marcar los puntos de venta".
"Los narcotraficantes han modificado sus medidas de seguridad, protección y transporte. Siguen operando y los vecinos aún sienten miedo, pero las organizaciones mutaron y se mueven de forma diferente. Ellos saben que nosotros les estamos encima", agregó D"Elio.
"Cuando empezamos a trabajar en la villa 31, los delincuentes cobraban peaje para circular por las calles internas. Estas organizaciones criminales -por ejemplo- son los bancos de los vecinos, les prestan dinero", agregó el fiscal Di Lello.
Todos los miembros de este equipo de investigadores fueron muy claros cuando se les pidió que explicaran qué hay detrás de las bandas locales que atemorizan a los vecinos y mueven las drogas en la zona.
"Descubrimos que acá hay un grupo de personas que organizadamente comercializan drogas en el barrio. Sin embargo, hay eslabones que están por encima en la cadena de tráfico. Eslabones que todavía no se conocen. Hay muchas pistas y las pistas llevan a muchos lugares. No somos ilusos, no creemos que los líderes de estas organizaciones territoriales sean los dueños de la sustancia que se vende", señaló el abogado Javier D"Elio.
Agregó: "La recolección de pruebas es muy compleja en estas geografías. Lo que tenemos es gente que vende drogas durante las 24 horas. Ni siquiera es útil intervenir un teléfono porque no hay conversaciones. Están ahí. Es muy difícil llegar a saber qué hay detrás cuando lo que hay detrás toca un montón de puntos; posiblemente no sea una sola persona, sino un conglomerado".
Durante la larga cadena de redadas policiales que se realizaron en la villa 31 en 2016, este equipo de investigadores del Ministerio Público Fiscal (MPF) logró la incautación y reutilización al servicio de la comunidad de ocho inmuebles que funcionaban como búnkeres adonde se vendían marihuana, cocaína y paco.
Sobre la incautación de los inmuebles usados como búnkeres, los investigadores fiscales dijeron a LA NACION: "Planteamos la necesidad de llevar el Estado al barrio integralmente. Cuanto más débil es la comunidad, más fuerte tiene que ser el Estado. En todos los aspectos. En el apoyo médico, en el apoyo de los emprendimientos, en el apoyo de las fuerzas de seguridad. Si la retención de inmuebles no es acompañada de presencia permanente, también fracasa. Porque la droga vino para quedarse. Los inmuebles no se entregan hasta que no haya un proyecto elaborado para su utilización. Y una vez que se entregan, realizamos un seguimiento para que los proyectos se lleven a cabo".
Al respecto, Javier D"Elio concluyó: "Nosotros queremos llegar a que se piense que, tal vez, es un error el enfoque de la lucha estatal contra el narco orientada específicamente al control de la oferta de la droga. Deberíamos trabajar en reducir la demanda con políticas educativas, sanitarias. Si pudiéramos ayudar a los jóvenes a mantenerse «limpios» y a ocupar su tiempo haciendo deportes o trabajando, la villa 31 no sería territorio fértil para que una organización a tenga gente armada en una terraza controlando la venta de estupefacientes".
"Recuperamos el espacio público y la lucha sigue"
"Recuperamos el espacio público y la lucha continúa, porque estos criminales quieren volver a entrar, pero la gente está contenta con nuestra intervención y nos pide que sigamos en esta línea. Y eso haremos." Así lo afirmó a LA NACION un calificado funcionario porteño que destacó la labor de los fiscales. Prefieren que en lugar de los nombres propios hablen las acciones.
Al respecto, fuentes del gobierno sostuvieron: "Hay una lucha constante que damos con un trabajo articulado entre la Justicia, las fuerzas federales y todos los resortes del Estado. Antes se sabía dónde vendían droga; ahora atomizaron sus actividades y hay jubilados o madres solteras que venden y chicos que cobran 100 o 200 pesos al día para hacer de vigías. Por eso no actuamos sólo con la policía; es necesario tener una visión global. Lo cierto es que en la 31 bajamos de manera drástica los homicidios, que eran la prueba de que los narcos se disputaban el territorio".