Mientras en Resistencia se sucedían varios allanamientos en Buenos Aires la Justicia Federal iba tras los rastros de Inversora Nacris, una financiera que está relacionada con la causa por lavado de activos donde estarían involucrados el exsecretario General, Horacio Rey, y el ex subsecretario Roberto Lugo.
La idea de la comisión de la Policía Federal era encontrar documentación pero la sorpresa fue enorme cuando en el domicilio denunciado por esta inversora no hay ni una oficina con su nombre y nadie pudo dar información sobre ella. Esto motivó a que los funcionarios sospecharan que se podría tratar de una firma fantasma.
Otra vez
Esta ya es la segunda vez que los investigadores buscando el domicilio de una empresa relacionada con esta causa no encuentran nada dado que los mismos no existen o alguien cometió una equivocación al rellenar los formularios fiscales.
Pero la no existencia de la empresa no es la única sorpresa de los investigadores porque también descubrieron que una de las socias de la inversora es familiar de uno de los imputados.
Además curiosamente Carlos Huidobro, acusado en otra causa de lavado de activos que ayer originó 15 allanamientos, es empleado de la firma. Él era un remisero que en poco tiempo multiplicó su capital y logró construir en el barrio privado La California una casa que hoy vale más de 600.000 dólares.
Más de 10 investigados
En las últimas horas el fiscal federal Patricio Sabadini, detalló que son 10 las personas que están siendo investigadas en esta causa que se inició luego de una prevención realizada por la Prefectura Naval Argentina (PNA).
Momento en que personal de Investigaciones Complejas baja a Horacio Rey de una camioneta que lo trasladó hasta la comisaría undécima del barrio Provincias Unidas, con la cabeza cubierta por una campera y esposado.
A su vez las fuentes judiciales detallaron que hasta ahora habría tres cabezas en esta organización: Rey, Lugo y Ricardo Ariel Retamozo. Los dos primeros formarían parte de un entramado conseguir recursos desde el Estado.
Mientras que la esposa de Retamozo, Claudia Varela, era la dueña de Real Comercializadora, un polirrubro. Además a nombre de ella aparecieron las primeras 6 lanchas con las que se inicia la investigación.
Otro dato que surgió de la investigación que Rey es propietario de dos embarcaciones: Valentina y El Capitán. Ambas están cotizadas en 750 mil pesos y representa un incremento injustificado de un funcionario que tenía ingresos por poco más de 30.000 pesos.
Según los investigadores los pagos que realizó Fiduciaria del Norte en el fideicomiso de pautas fueron ordenados por Rey y allí intervinieron dos empleados que prestaban servicios en su área.
Estas dos personas ingresaron en el radar poco después de que las pruebas determinaran que uno de ellos intervino en los pagos mientras que el segundo de ellos era quien debió certificar el cumplimiento de las pautas.
En la investigación aparece también un empresario chaqueño que ya estaba indagado dado que hacia giros al exterior y además aparece como socio o dueño de empresas offshore que en su momento fueron revisadas.
Esto demostraría que no se trataría de una simple organización sino de estructura muy compleja que tendría intereses tanto en la Argentina como en el exterior, donde se habría girado importantes sumas de dinero.
Otro elemento interesante que definieron los investigadores es que los socios estaban interesados en montar una guardería de lanchas y una gran firma para ofrecer los servicios de guía de pesca.
Próximos días
En las próximas horas el fiscal tomará declaraciones clave y de ellas dependerá, entre otras cosas, cuántas personas serán requeridas en instrucción que presentará la jueza federal Zunilda Niremperger.
Y por los elementos que ya están recolectados parte de los 10 investigados deberán responder por los delitos de lavado de activos y evasión fiscal. Además, se podría sumar la acusación de asociación ilícita.
Para estas horas el fiscal debe resolver si pide o no la detención de los involucrados en base a las elementos que tiene y a las doctrinas. De momento no estaría dispuesto a pedir la aplicación de la jurisprudencia Irurzun.