La medida fue confirmada por la Cámara Federal porteña: hasta septiembre, Máximo y Florencia seguirán sin manejar sus propiedades y la inmobiliaria Los Sauces, que continuará bajo la misma medida judicial. Además, los hijos de Cristina continúan adeudando más de 800 mil pesos a la AFIP de la Sucesión de su padre, pese a que la justicia ordenó que paguen. El Condominio que comparten acumula así una deuda de casi 4 millones de pesos.

Con sus bienes inhibidos, los hoteles intervenidos y embargos millonarios, Máximo y Florencia Kirchner están cercados por las medidas cautelares, a raíz de las causas judiciales que recaen sobre ellos. Por seis meses más no recuperarán la administración del Condominio que lleva sus nombres y que explota los 25 inmuebles que heredaron: entre ellos el hotel Las Dunas.

Además, Máximo tiene un embargo de 130 millones de pesos y su hermana de 100 millones, y ambos tienen medidas cautelares sobre sus bienes. Los dos adeudan a la AFIP 3.800.000 pesos en concepto de IVA e Impuesto a las Ganancias que no se tributaron, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales.

Por un lado, la Sucesión Néstor Kirchner -que hasta diciembre de 2016 administraba Máximo- aún mantiene una deuda de $ 800.000. El líder de La Cámpora denunció a la interventora judicial, Raquel Moyano, señalando que ella debía pagar dichos impuestos, pero la justicia resolvió que los deudores son los hijos de Cristina Kirchner y por lo tanto los responsables de pagar dicha cifra.

Según constató Clarín de la información incorporada a la causa, no sólo no se pagó a la AFIP esos 800.000 pesos, sino que el Condominio arrastra una deuda de 3 millones de pesos. El organismo recaudador procedió a las intimaciones correspondientes y tomó medidas cautelares.

Con este telón de fondo, el Condominio continuará intervenido por la justicia, y será administrado por Raquel Moyano. El juez Julián Ercolini también decidió extender por seis meses más la intervención sobre la empresa que mes a mes pierde inquilinos, Los Sauces SA.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun plantearon que para la “adecuada conservación de los bienes que integran dicho condominio y el patrimonio de Los Sauces" y para “evitar que disminuya su valor, mantener la productividad de los mismos y asegurar sus frutos", se requiere que tales bienes "sean adecuadamente mantenidos y administrados”, por la intervención judicial.

Estos bienes son la garantía de los embargos impuestos sobre la familia Kirchner en la causa Los Sauces, donde están procesados por asociación ilícita y lavado de dinero. Cristina y Máximo Kirchner tienen un embargo de 130 millones de pesos cada uno, mientras que el de Florencia Kirchner es de 100 millones de pesos.

Máximo seguirá sin poder administrar la empresa que alquila inmuebles y el Condominio, que explota las propiedades que heredó junto a su hermana Florencia, por parte del ex Presidente.

Tal como informó Clarín, el interventor Francisco Branda puso en alquiler las oficinas de Puerto Madero que Cristina le rentaba a Cristóbal López, pero aún nadie las alquiló y en Río Galllegos ya perdieron tres inquilinos.

La defensa de la ex familia presidencial reclama que no tienen conocimiento de "cuánto dinero ingresa por mes a la cuenta de la empresa" y que "no son parte de las decisiones sobre los inmuebles".

En la causa Los Sauces, los Kirchner junto a Lázaro Báez y Cristóbal López están procesados por asociación ilícita y lavado de dinero. Los empresarios K aportaron el 86 % de la facturación de Los Sauces: garantizaron a los Kirchner 31.545.007 pesos entre 2009 y 2015.