El Salario Mínimo, Vital y Móvil tiene un efecto inmediato sobre un universo de entre 200 mil y 300 mil trabajadores que no están regidos por convenios colectivos y cuyos haberes se ajustan de acuerdo con esta institución. Además, impacta sobre el valor de unos 400 mil planes sociales (se ajustan en igual proporción) y a mediano plazo tracciona sobre la cuota de los créditos hipotecarios UVA.

Como un claro gesto para descomprimir el malestar por la situación económica y social, el Gobierno estima poder alcanzar un consenso para que el aumento ronde el 25%, lo que llevaría a $12.500 la nueva referencia salarial.

La mejora escalonada que imaginan en el oficialismo difiere un poco de la propuesta que llevarán los sindicalistas a la mesa de negociaciones, una vez formalizada la convocatoria a través del Boletín Oficial.

La dirigencia gremial ya advirtió que rechazarán esa propuesta por entender que no contempla la devaluación y la pérdida del poder adquisitivo. Aseguran que en ningún caso puede ser menor a la proyección de inflación para 2018 estimada por la mayoría de las consultoras privadas y del propio Banco Central, en un piso de 30 por ciento.

La intención del sindicalismo es llegar a la canasta básica alimentaria que cotiza, según todas las mediciones, por sobre los 18.000 pesos. Aunque recién se conocerá una postura definida una vez convocado el Consejo.

El año pasado, los gremios y los empresarios no llegaron a un acuerdo y el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, fijó por decreto la actualización. En aquel momento se definió un aumento escalonado –en esta oportunidad sería similar– que este mes llevó a $10.000 el salario mínimo.

Cuando se defina la fecha, será la primera foto conjunta entre los representantes del gobierno nacional y la cúpula de la CGT tras el paro general del 25 de junio. Además del sindicalismo oficial y el sector empresarial, al igual que el año pasado, se convocará también a los líderes de ambas versiones de la CTA y a miembros de movimientos sociales.