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Sos una inútil; no servís para nada; si no te alcanza la plata laburá vos; es la última vez que lo hago; si volvés mirar a ese te voy a matar” ¿Cuántas coacciones, extorsiones, amenazas y vejaciones está dispuesta a soportar una persona? Insultos, desahucios, prohibición de relacionarse con familiares, amigos o vecinos; golpes, palizas y hasta violaciones.
La violencia de género puede presentar muchos matices, que a veces alcanzan niveles de gravedad tales que terminan con la muerte de las víctimas.
Se trata de una problemática compleja, profundamente arraigada en todo el cono Sur del continente por la cultura machista que la sustenta, y que en nuestra región aparece día tras día en los barrios y en las casas de cada localidad de la provincia.
Sólo en dos meses, se relevaron 445 casos, muchos de los cuales terminaron en la muerte. No es un fenómeno nuevo; sin embargo, las cifras son alarmantes, sobre todo porque son persistentes. “Son muchos casos, pero no me sorprende. Los números van en aumento, pero antes era peor. Hacíamos entre cuatro o cinco intervenciones por mañana, ahora son dos o tres por día”, comparó al ser consultada por época Marta Legarreta, juez de Familia de Paso de los Libres.
Informe Estadístico de Violencia Doméstica y de Género
En esa localidad se registró el 20% de los casos de los últimos dos meses, según informó ayer el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que detalló que entre julio y agosto sumaron 445 casos en la provincia.
“Hace algunos años (en 2012) cuando en la provincia se comenzó a relevar las estadísticas para enviarlas al Superior Tribunal y desde allí a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, Corrientes se ubicaba quinta por la cantidad de casos registrados.
Las cifras son alarmantes, incluso cuando se sabe que son muchos los casos que ni siquiera se denuncian”, advirtió la magistada.
En ese sentido, opinó que el flagelo es un problema de la región Sur del continente, que además se arraiga en nuestra zona “por la cultura violenta y los estereotipos machistas” de la sociedad.
La problemática se ve en su Juzgado día tras día. “No tenemos sábados ni domingos. Hay otras localidades en las que se da intervención a los juzgados penales. En el interior, corresponde sólo a Familia, en el que además se atienden los casos de menores que tienen prioridad”, expuso.
No obstante, “antes era peor”, comparó. “En 2015 se hacían cuatro o cinco perímetros por día. Ahora se fue reduciendo y son dos o tres”, sostuvo. Sin embargo, reconoció que el problema todavía deja mucho por hacer. “Es un paso favorable que se registren las estadísticas, porque son una herramienta. Pero no alcanza.
Hay todavía muchos casos que no se denuncian, y tipos de violencia a las cuales las personas son más reticentes a denunciar, como la institucional o la obstétrica”, reflexionó la Juez. Los datos que se derivan de las cifras que difundió ayer el Superior Tribunal permiten dibujar un perfil de víctima que pide a las claras reforzar políticas de Estado respecto a la problemática.
Por ejemplo: Sólo tienen ocupación un 41 por ciento de las víctimas, la mayor cantidad de casos se registra en mujeres de entre 22 y 40 años y las agresiones las comenten en casi la mitad de las ocasiones el cónyuge o la expareja.
En pleno siglo XXI, hablamos de mujeres que son sometidas, que no pueden trabajar (aunque tengan estudios completos) y que todavía están en plena edad productiva y reproductiva.
Otro dato a tener en cuenta que surge de los relevamientos locales y que luego van a engrosar las alarmantes cifras del fenómeno a nivel nacional: sólo en 14 por ciento de los casos denunciados son por un primer episodio. Y los grados de frecuencias de las agresiones son altísimos: un 35% de los casos revelan que se trata de agresiones diarias, mientras que las semanales trepan hasta el 17,90%. Las riñas, peleas, insultos e improperios suceden todos los días, o casi.
“Estamos en una zona de riesgo y a aunque la legislación se ha ido actualizando, todavía queda mucho por hacer. No se puede pensar que la Justicia (en el caso de los pueblos del interior, un solo Juez) puede actuar solo para erradicar la problemática que es social”, reflexionó la magistrada.
En ese sentido, recordó el caso reciente de Olga Cristina Aguirre, una mujer de 31 años y madre de 7 hijos que fue degollada por su expareja, teniendo él la orden de restricción y alejamiento. “Se hizo cargo de los niños una tía, que todavía está luchando para que se aplique la Ley Brisa y el Anses ayude con una pensión para los chicos. Desde la Justicia se hicieron todas las intervenciones, antes del suceso y después ¿Pero, qué más podemos hacer? No tenemos paquetes de arroz en el Juzgado”, subrayó.
Una de las principales fallas en la implementación de la legislación, radica en la asignación de un abogado gratuito y especializado para las víctimas. “Cuentan con un abogado de oficio, muchas veces recae sobre los defensores de pobres, pero la ley determina la gratuidad de un letrado especializado, y eso no siempre está disponible”, analizó Lagarreta.
¿Cuántas más palizas, insultos, vejaciones y hasta muertes requerirán intervenciones judiciales, para luego convertirse en estadísticas, antes de sostener políticas públicas preventivas y educativas más firmes respecto de la temática que puedan salvar vidas?
