Allí, la dirigente les reclamó “que digan la verdad” de lo que pasa en Jujuy y apuntó contra el gobernador Gerardo Morales, a quien acusó a “cooptar a los jueces”.

“Nadie investiga nada, pero sí investigan a la negra, a la coya, a la chorra. Salgan a investigar. Por qué no van a investigar a la casa de Sánchez, la cantidad de drogas que tienen. Que lleven todos los perros que llevan a mi casa y vamos a ver quién es narcotraficante y quién trae la droga a Jujuy. Así que queridos periodistas, ustedes son parte de la burocracia y son ustedes los responsables de implementar la Justicia en nuestra provincia”, disparó.

Visiblemente exaltada, la titular de la agrupación Tupac Amaru dijo que “lamentablemente hoy la Justicia está cooptada por Gerardo Morales”. “Los jueces fueron apretados por Morales para que nos dicten una condena a todos nosotros. Y todos los compañeros son inocentes, no robaron nada. Lo único que hicieron fue buscar dignidad y vivir un poquito mejor”.

“Los negros que tenemos una camioneta y una casa somos corruptos y delincuentes. Por qué no vamos a ver a los hijos de Gerardo Morales o a los funcionarios, que en menos de tres años ya han cambiado cuatros veces de vehículos. Vayan a ver las tierras que se compraron, las casas. Y ahí vamos a ver quiénes son los corruptos”, añadió Sala, quien también acusó al Ejecutivo provincial de “apretar a un montón de testigos, a la familia, para que nos involucren a nosotros”.

“Qué fácil es acusar a esta negra, qué fácil es llenar de mentiras. Pero que se termine de una vez este circo, que se termine este hostigamiento de la Justicia y de algunos sectores de la prensa. Señores de la prensa, son ustedes los responsables de salir a decir la verdad”, concluyó.

El inicio de la audiencia en la que se conocerá la sentencia contra Sala se suspendió este lunes por la detención del hijo de una de las denunciantes. La líder de la Tupac Amaru está acusada junto a otras 29 personas por fraude contra la administración pública y asociación ilícita, entre otros delitos, en la causa "Pibes Villeros".

Juan Manuel Aguilera, hijo de la diputada Mabel Balconte, fue detenido en Orán, Salta, por tráfico de drogas. La mujer declaró que Sala trasladaba dinero en bolsos desde Jujuy a la Casa de Olivos, donde se lo entregaba a Máximo Kirchner, a quien lo apodaba “El Principito”.

Los hijos de Balconte también están imputados en la causa “Pibes Villeros”, aunque pidieron la absolución para uno de ellos, Juan Manuel Aguilera.

La Fiscalía solicitó para Sala 22 años de prisión, además de su inhabilitación absoluta como "autora del delito de asociación ilícita en su carácter de jefa de la misma, coautora de fraude a la administración pública y coautora de extorsión en concurso real".

En tanto, la defensa pidió la absolución y denunció "serias irregularidades" en las acusaciones contra la dirigente social.

Además de Sala está acusado su esposo, Raúl Noro (la fiscalía solicitó cinco años de prisión con más inhabilitación absoluta por el delito de asociación ilícita por ser integrante de la misma); la propia Balconte; la concejal municipal de San Pedro de Jujuy, Marcia Sagardía, y una veintena de ex integrantes de cooperativas de trabajo que pertenecieron a la organización Tupac Amaru, y a la Red de Organizaciones Sociales.

También dos ex integrantes del directorio del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), Lucio Abregú y Pablo Tolosa Perea; y dos profesionales con funciones técnicas, uno en el IVUJ y otro en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, para quienes la fiscalía pidió distintas penas.

De acuerdo al requerimiento de citación a juicio formulado por el fiscal de Investigación, Diego Cussel, Sala está acusada de dirigir, haber organizado y ordenado el accionar colectivo de un grupo de personas pertenecientes a la Tupac Amaru, mediante "el despliegue de medios intimidatorios, utilizando el esquema de actuación de la misma y subvirtiendo la figura jurídica de las cooperativas de trabajo" reunidas en dicha organización.

"El objetivo inequívoco era defraudar de forma sistemática a la administración pública provincial, en provecho propio, y/o de integrantes de dicho grupo y/o de terceras personas", según la acusación.

Asimismo, "la organización de recursos suscitada por Milagro Sala y acordada con los integrantes de la asociación, tenía por objeto el apoderamiento ilícito de recursos dinerarios del Estado que alcanzaban alrededor de $ 60.352.790,80".