La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del reclamo de la provincia de San Luis por los descuentos indebidos de coparticipación y el Gobierno deberá reintegrar unos $ 15.000 millones. En una sentencia, los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti ordenaron la devolución de los fondos retenidos ilegalmente por la administración nacional desde 2006. San Luis no fue la única que exigió lo que considera que le corresponde. Córdoba y Santa Fe también iniciaron acciones para recuperar el dinero retenido. Para evitar un virtual default de cuenta corriente, los ministros supremos habilitaron un período de negociaciones entre funcionarios nacionales y provinciales. Con el gobierno de Juan Schiaretti hubo acuerdo, pero con los socialistas santafesinos y los peronistas puntanos, no. Ahora, Macri deberá pagar. EL CASO DE SANTA FE Si en otro fallo el Poder Judicial exhorta al Ejecutivo nacional a abonar la indemnización a la Santa Fe de Miguel Lifschitz, el desembolso superaría los $ 45.000 millones, con retroactivos incluidos. En total, la Nación enfrentaría obligaciones (casi) inesperadas por u$S 1.507 millones. El reclamo de los Rodríguez Saá comenzó por la retención que ejecutó Anses del 15% de los fondos coparticipables y del 1,9% que se quedó la AFIP. Si Macri paga, San Luis debe recibir unos $ 11.500 millones por la maniobra del organismo previsional y otros $ 3.500 millones por las peripecias del ente recaudador. Fuentes judiciales informaron que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se autoexcluyó de la causa por haber defendido y representado en el pasado a Santa Fe en este litigio. No es la primera vez que el trío Lorenzetti-Maqueda-Rosatti actúa. En noviembre pasado, mientras Rosenkrantz almorzaba con macri en la Casa Rosada, el tridente de mayoría automática derogó un decreto de Carlos Manem y dio un plazo de 120 días al actual mandatario para cancelar una millonaria deuda con La Pampa. En 2015, antes que Cristina de Kirchner soltara la primera magistratura, la antigua conformación del máximo tribunal se expidió a favor de las provincias en este antiguo reclamo. La ex presidente aceptó el reclamo, pero dejó la cuenta sin pagar para que tome la posta el próximo morador de Balcarce 50. Macri derogó esa obligación por decreto de necesidad y urgencia y se puso a negociar. A 290 días de finalizar su período, la estrategia parece caducar y se termina el deadlin