El acto de la firma del convenio se desarrolló en el Palacio de Justicia, con la asistencia del presidente del alto tribunal, Carlos Rosenkrantz; la ministra Highton de Nolasco -al frente de la Oficina de la Mujer y de Violencia Doméstica de la Corte- y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el procurador, Eduardo Casal. Highton mencionó que la Corte registra los casos femicidios desde 2014 en base a los expedientes que envían los Tribunales Superiores y cortes supremas de todo el país y señaló que, a partir de este convenio, se van a poder comparar las estadísticas y lograr "trabajo conjunto" entre los organismos involucrados. "En este trabajo saldrá algo mucho más completo que lo que cada uno tiene de forma individual", prometió la jueza y agregó: "Es un trabajo serio, relevante, en un tema que es muy preocupante. Este país es uno, sino el que más, femicidios tiene. En este momento tenemos unas cifras escandalosas". Bullrich dijo, por su parte, que con este acuerdo van a existir "mejores estadísticas en temas de femicidios y de los delitos que están vinculados: niños muertos por odio de género, inclusive los hombres muertos por odio de género". La ministra especificó que en 2017, su cartera contabilizó 208 niños huérfanos de madres como consecuencia de los crímenes contra mujeres. "Una de las cosas que más nos importan -agregó Bullrich- es sacar otras conclusiones que nos lleven a mejorar las políticas públicas. Por ejemplo, en las estadísticas de 2017 sólo el 16 por ciento tenía una denuncia previa, quiere decir que esa "sorpresa" la tenemos que bajar. Si tenemos denuncia previa vamos a poder ser más eficientes". En 2017, de su propio registro, la Corte Suprema relevó 251 víctimas directas de femicidio en todo el país, que arroja una tasa de 1 femicidio cada 100 mil mujeres y que, distribuidos en el mapa, señalan a Salta y Jujuy como las provincias más afectadas por este flagelo y a San Juan y La Rioja como las que menos. Los datos señalan que el 93 por ciento de los imputados o sindicados como autores de femicidio incluidos en las causas judiciales de todo el país eran varones con quienes las víctimas tenían un vínculo o conocimiento previo y casi en el 60 por ciento de los casos eran sus parejas y ex parejas. El 80 por ciento de los femicidios fueron cometidos en espacios privados, sobresaliendo dentro de este total, un 71 por ciento de los casos en que los femicidios se cometieron en las viviendas de las víctimas. El procurador Casal confirmó que "el objetivo principal del convenio es recabar una mejor información" y apuntó que "el primer paso es lograr patrones comunes para el relevamiento de la información que puedan permitir complementarla y así establecer diagnósticos y criterios de intervención de cada uno, dentro del ámbito de su competencia". "Ya tenemos resultados concretos producidos por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), con el protocolo para la investigación de los femicidios. Reunir toda esta información va a redundar en una mejor intervención", señaló el jefe de los fiscales. El breve acto de firma del convenio lo cerró el presidente del máximo tribunal, cuando expresó que "esta es una causa en la que está muy comprometida toda la Corte". "Si bien ha sido siempre liderada por nuestra ministro aquí presente, todos estamos de acuerdo en que el país tiene que hacer mucho más y lo tiene que hacer bien para terminar con un flagelo que nos indignifica", remarcó Rosenkrantz.