La conducción de la CGT ratificó este jueves la convocatoria a "una gran marcha en defensa del trabajo, la producción, la soberanía y la justicia" el 4 de abril próximo, analizó los proyectos de blanqueo laboral y de la Agencia de Tecnología Médica, y reclamó soluciones a "la grave problemática de las obras sociales por el estancamiento del Fondo de Redistribución". Los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de Azopardo luego del debate del consejo directivo y ratificaron "la movilización del 4 de abril" próximo, en la que participarán los gremios confederados, entidades de la producción y de pequeñas y medianas empresas. Los dirigentes rechazaron "la política económica y los nuevos índices oficiales de desempleo y de caída industrial" y apostaron a las elecciones presidenciales de octubre próximo, al señalar que "otro gobierno es necesario para modificar el actual modelo". La movilización, organizada por los sindicatos industriales y en la que también participarán las organizaciones sociales, comenzará a las 14 en la Plaza de Miserere (Once), recorrerá la Avenida Rivadavia hasta llegar al Congreso y concluirá en las Avenidas de Mayo y 9 de Julio, indicaron Daer, Acuña y el jefe textil Hugo Benítez. "Se procurará el consenso con todos los sectores para que la marcha del 4 sea multitudinaria", puntualizó Daer al explicar los motivos de la convocatoria. Daer sostuvo que el país debe ser "productivo, generar empleo y valor agregado", y se pronunció por la necesidad de que el pueblo elija el 27 de octubre próximo a "un nuevo gobierno para modificar de cuajo el actual rumbo político-económico" de la Argentina. "El país requiere otra mirada para emerger de la actual situación y, por lo mismo, la central obrera reclama unidad al peronismo", puntualizó. Los integrantes del consejo directivo también analizaron el proyecto oficial de blanqueo laboral que el Ejecutivo envió a la CGT, en "términos específicamente fiscales", y explicó que la iniciativa reconoce hasta "cinco años para atrás a los trabajadores que tenían alguna relación de dependencia, pero eran mantenidos en la informalidad". El proyecto, según se dijo, reconocerá esos años de aportes a partir de salarios según la escala de cada convenio colectivo, beneficiará también a los empresarios y determinará "una fecha cierta de ingreso al empleo". En relación con la Agencia Tecnológica Médica, el dirigente gremial afirmó que es "un reclamo no solo de las obras sociales sino de las carteras de Salud provinciales", y explicó que existe "un lobby permanente de empresas monopólicas, en especial extranjeras, que genera un costo excesivo y sin respaldo tecnológico alguno". Daer ratificó la necesidad de que el gobierno destrabe el dinero del Fondo de Redistribución y señaló que "se analizan expedientes por 1.560 millones de pesos, aunque en realidad ya ingresaron 10 mil millones pagados por las obras sociales".