Después de que en 2018 se lograra por primera vez en la historia del país que se debatiera en el Congreso un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dio a conocer un nuevo proyecto que será presentado nuevamente en abril.

El proyecto llevó más de cuatro meses de trabajo y terminó de consensuarse el pasado fin de semana en Córdoba, donde se reunieron 190 representantes de 30 regionales integrantes de la organización sin fines de lucro fundada en 2005.

Patricia Bustamante, integrante de la Campaña, explicó a minutouno.com que la comisión redactora tomó de base el proyecto de la Campaña que presentaron en 2018, y se le sumó "el debate que nos dimos el año pasado como sociedad. Es más profundo porque incorpora a todos los derechos fundamentales que están implícitos en el aborto".

Semana 14

El proyecto establece como sujeto de derecho a interrumpir el embarazo a las mujeres o cualquier persona gestante y mantiene el derecho de abortar legalmente hasta la semana 14 de gestación. Incorpora que debe realizarse "en un plazo de 5 días corridos a partir de su requerimiento". Bustamante aseguró que "intentamos explicitar los plazos y derechos de cada persona para que no haya a lugar a maniobras dilatorias".

Cobertura de salud

La ILE se debe realizar en forma gratuita en todos los sectores del sistema de salud, en hospitales y centros de salud públicos y con una cobertura del 100 por ciento si tienen obra social, mutual o prepaga. El proyecto propone que la práctica sea incluida en el Plan Médico Obligatorio.

Objeción de conciencia

El nuevo proyecto, al igual que el que se presentó en el 2018, no contempla la negativa de los profesionales médicos a realizar abortos invocando motivos éticos o religiosos.

La objeción de conciencia se incorporó el año pasado para la media sanción que salió en diputados, fue parte de la negociación en el Congreso para conseguir más votos. Desde la Campaña aseguraron que no incluyeron esa posibilidad: "Creemos que no se puede denegar derechos en base a consideraciones morales", destacaron.

Penalización

Una de las modificaciones más significativas, fruto del debate que hubo en 2018, fue el no incluir penas para los médicos o profesionales de la salud que realizan la práctica con el consentimiento de la persona gestante, aunque sea por fuera de las causales.

"No podemos presentar un proyecto que tenga una penalización, aunque sea baja, porque hablamos de que el aborto existe y ya logramos la despenalización social", aseguró Bustamante.

Niñez y adolescencia

El proyecto dice que si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en una persona menor de 13 años de edad se requerirá su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. Si se trata de una persona de entre 13 y 16 años "se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento".

"Nuestro Código Cilvil y Comercial dice que los adolescentes pueden realizarse prácticas, no invasivas, sin necesidad de la autorización de los adultos. No inventamos nada lo que hacemos es explicar como sería respecto a la interrupción voluntaria del embarazo".

Educación sexual y asesorías
La Campaña refuerza en el proyecto de ley la garantía de derechos ya adquiridos, como el acceso a la educación sexual integral y a la anticoncepción. Se prevé un acompañamiento que tenga información sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles.

Además, se plantea un sistema de asesorías por solicitud no obligatoria para que no se dilate el procedimiento. "Es obligatoria la información que se da a toda mujer para que el consentimiento sea informado. Otra cosa es la asesoría, que es a requerimiento. Después de decidir abortar podés pedir más información sobre ese procedimiento, los cuidados posteriores, la atención sexual integral a la salud, previa y posterior".