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Viernes , 24 de Mayo de 2019
JUSTICIA FEDERAL
Pidieron indagatoria a Aida Ayala por un negocio con un municipio
El fiscal Patricio Sabadini explicó a Sudamericana que se debe a que cuando era secretaria de Asuntos Municipales del gobierno de Macri giró fondos a un municipio para hacer compras por sobreprecios. Dos funcionarios reconocieron la maniobra. La diputada de Cambiemos ya está procesada por lavado de dinero. El funcionario judicial señaló que hay una investigación iniciada contra el intendente Casalboni.
Policiales | Martes, 23 de Abril de 2019
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió que la diputada nacional de Cambiemos y ex funcionaria del Ministerio del Interior, Aída Ayala, sea citada a indagatoria por un presunto hecho de corrupción con un municipio de Chaco cuando estaba en la cartera que conduce Rogelio Frigerio como secretaria de Asuntos Municipales. Fuentes judiciales informaron que el fiscal requirió que Ayala y otras tres personas sean citadas a indagatorias por los presuntos sobreprecios que se pagaron para comprar maquinarias y elementos de oficina para el municipio de Quitilipi con fondos nacionales y que se hizo a través de una fundación que dirige la diputada. El propio intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni, de Cambiemos, y el director de la Tesorería de la Municipalidad, Cesar Daniel González, reconocieron en la justicia la maniobra. "Se realizaron compras con sobreprecio en los fondos recibidos por un Convenio firmado por el intendente con la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación", declaró González. Esta no es la primera vez que Casalboni tiene problemas con la justicia. En enero del año pasado fue detenido por abuso sexual contra su ex pareja. Diez días después fue liberado y reasumió como intendente. Los pedidos de indagatoria -que no incluyen al intendente- deben ser resueltos por la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger. El fiscal Sabadini y la magistrada Niremperger ya investigaron, procesaron y pidieron la detención de Ayala en otra causa de corrupción. Fue por un negociado en 2014, cuando era intendenta de Resistencia, para beneficiar a la empresa "PIMP SA" con la recolección de residuos en la ciudad. Está procesada junto a otras 14 personas, entre ellas sindicalistas y su ex yerno, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos agravado, por lo que fue confirmado por la Cámara Federal de Resistencia y de Casación Penal, por lo que se encamina a juicio oral. Ayala tuvo un pedido de detención que no se concretó por sus fueros como diputada que fue revocado el mes pasado por Casación. Referente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Chaco, Ayala fue intendenta de Resistencia durante tres períodos (de 2003 a 2015). En 2015 fue la candidata de Cambiemos para la gobernación pero perdió contra el peronista Domingo Peppo. Con Macri como presidente pasó al gobierno nacional: fue nombrada secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de Frigerio. Y en 2017 fue electa diputada nacional. La causa por los hechos de corrupción en Quitilipi -una ciudad ubicada en el centro de la provincia- se inició en abril del año pasado con un anónimo que llegó a la Fiscalía. "Dr. Sabadini espero que le sirva la información, Aída Ayala desde Nación sigue con negociaciones incompatibles y su yerno Matías Balmaceda. Gracias", decía el texto que fue acompañado con documentación del municipio. Según la investigación judicial, Ayala como secretaria de Asuntos Municipales del gobierno de Macri giró en 2016 al municipio de Quitilipi 998.537 pesos para la compra de desmalezadora, soldadoras, fumigadoras, carretillas, palas, motoguadañas, motosierras, hidrocavadoras, compresor, acoplados rural, tanques, entre otro tipo de maquinaria, y de 68.279,35 pesos para elementos de oficina. Según la acusación del fiscal eso se hizo con "palmarios sobreprecios de los elementos adquiridos". El dinero era girado a la Municipalidad y de allí a la empresa Service Hogar, de Claudio Alejandro Tolosa. El fiscal detalló que Tolosa está inscripto en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como monotributista y con actividad de reparación de electrodomésticos de refrigeración y no para la venta de maquinarias. A su vez, Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte actuaron como intermediarios en representación de la "Fundación Construir", que fundó y dirige Ayala. "En cuanto a las significativas diferencias de precios en las compras efectuadas a Service Hogar, ello ha quedado acreditado mediante los informes de precios, pudiendo advertirse la notoria diferencia entre lo abonado al Sr. Tolosa y el precio real de dichos elementos en la fecha en que se efectuaron las operaciones, lo que produjo un grave perjuicio sobre el patrimonio de la administración pública", detalló el fiscal en su dictamen. La causa cuenta con un testimonio clave: el del intendente Casalboni que se presentó en la Fiscalía y reconoció el negociado. Casalboni dijo que al inicio de su gestión tuvo un problema con la titular de una dependencia que no quería dejar el cargo. Relató que llamó a Ayala para preguntarle qué hacer y le contestó que iba a enviarle a un asesor de su fundación que fue Balmaceda. Según el intendente, Balmaceda resolvió en dos horas el conflicto y le contó que fue funcionario de Ayala en la municipalidad de Resistencia y que integraba la Fundación Construir, desde donde hacían las gestiones entre los intendentes y Ayala, ya en el Gobierno Nacional. Según Casalboni, Balmaceda le dijo que era Ayala la que subía o bajaba el pulgar. El intendente contrató a Balmaceda en el área de legales -es abogado- y a Vilte en la económica del municipio, que así recibió fondos nacionales. Balmaceda le dijo que los fondos ya estaban asignados a una empresa y qué era lo que se compraba, por lo que en eso el intendente no podía intervenir. "Era tómalo o déjalo y no había mucho tiempo para decidir porque si no otro municipio nos ganaba", declaró Casalboni. La empresa era Service Hogar y los papeles se firmaban en la Fundación Construir. El Tribunal de Cuentas de Chaco detectó irregularidades: observó cheques de la municipalidad, documentación faltante, no especificación del concepto y destino de los fondos, faltante de órdenes de pago con la totalidad de las documentación justificativa del gasto de acuerdo al bien o servicio que se abonó y al destino que se le dio. El fiscal Sabadini explicó que se inició un juicio de cuentas contra Casalboni y otros funcionarios por la suma de 4.645.160,34. La compra de elementos de oficina y las maquinarias no fueron los únicos acuerdos entre la Secretaría de Municipios de Ayala y Casalboni. También declaró el tesorero de Quitilipi. "Se realizaron compras con sobreprecio en los fondos recibidos por un Convenio firmado por el intendente con la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación", declaró González que detalló los pagos, montos, cuentas bancarias y aportó otro dato: "la orden de pago fue ocultada por el sr. Intendente municipal al concejo municipal en oportunidades en que fue solicitada".
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