"Estamos pidiendo en casos ya cerrados y el viernes concretamos un pedido por más de 21.000 pesos en una causa por narcomenudeo, pero además iremos pidiendo autos que consideramos importante que sean usados por la comunidad", dijo hoy a Telam el fiscal federal correntino Carlos Schaefer.

El funcionario formalizó los pedidos de decomiso definitivo de los bienes en una serie de presentaciones conjuntas con el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y la fiscal a cargo de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena.

El primer pedido fue elevado al Tribunal Oral Federal de Corrientes el jueves 21 de mayo, en el marco de una causa por narcomenudeo definida en un juicio abreviado, que contempla la confesión de los imputados y está a la espera de sentencia.

Esa solicitud comprende 5.660 pesos y 2.200 dólares, que les fueron secuestrados a una banda narco en Corrientes, en un allanamiento en el que además se encontraron 82,775 kilogramos de marihuana y un revolver calibre 22, entre otros elementos.

Luego se materializaron solicitudes en causas que ya cuentan con sentencias, como la de un camionero condenado a cinco años de prisión en febrero de 2018 por transporte de estupefacientes, en cuyo expediente se pide que un camión Scania sea destinado a las autoridades provinciales para el traslado de personal sanitario y 84.574 pesos se utilicen para insumos en los hospitales de la capital correntina.

El caso de narcomenudeo del viernes último surgió de una investigación en la que hallaron alrededor de 23.000 pesos y 9.200 guaraníes en una casa donde se comprobó la venta de cocaína y marihuana y por la cual están imputados dos hermanos.

Al igual que en el resto de los pedidos, los fiscales solicitan que los recursos decomisados "se destinen específicamente a cubrir las demandas del sistema de salud de la provincia de Corrientes para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19, con el objetivo de proteger la salud pública, bajo el control y seguimiento del destino de los fondos por parte del Tribunal".

Pero el requerimiento de destino específico de los recursos decomisados no es la única particularidad que la emergencia sanitaria generó en la acción del ministerio público, ya que se realizaron una serie de juicios por medios digitales para mantener el distanciamiento social y prevenir circulación de personas.

"El jueves concretamos el quinto juicio abreviado por WhatsApp, son causas en las que resta la homologación del tribunal, que también debe decidir el destino del dinero", añadió el fiscal Schaefer.