El pedido fue hecho en principio por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, que había solicitado colaboración de ese órgano jurisdiccional en caso de poseer inmuebles decomisados por sentencia judicial en Itatí, a fines de convertirlos en centros de día. En la causa intervino la Fiscalía General a cargo de Carlos Schaefer. Schaefer basó su dictamen en una presentación del ministro Buenaventura Duarte, quien pidió, de existir la posibilidad, la entrega en depósito judicial de un bien inmueble con el objeto de realizar la prevención, asistencia y tratamiento a ciudadanos afectados por distintas adicciones, como así también la atención integral de víctimas de violencia de género, llevando adelante un plan de acción de abordaje y contención por equipos interdisciplinarios de profesionales. El ministro destacó, además, que la solicitud respondía al propósito de abordar estas temáticas como políticas de estado de la provincia. El 23 de marzo de 2018, el Tribunal condenó a los integrantes de una banda dedicada al narcotráfico en la provincia, y ordenó el decomiso de los bienes que fueran instrumento y/o beneficio de su actividad. Dentro de esa lista se encontraba un depósito ubicado a la vera de la ruta provincial 20, en la localidad de Itatí. En el lugar, los integrantes de la organización cargaban vehículos con marihuana, ocultando el cargamento entre las chapas de automóviles para poder trasladarlo así a otras provincias. FINES SOCIALES Y UTILIDAD PÚBLICA En su dictamen, Schaefer resaltó ?la importancia del fin social al que será destinado el inmueble, esto es a la prevención y asistencia a ciudadanos afectados por diferentes adicciones, y es que frente a esta realidad innegable no se puede permanecer de modo indiferente e indolente, máxime si consideramos las responsabilidades que asumimos quienes ejercemos funciones públicas?. El representante del Ministerio Público también enfatizó que deben ser las instituciones del Estado las responsables de proteger, afianzar y garantizar la realización efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El fiscal resaltó, además, que la verdadera víctima del narcotráfico es la sociedad en su conjunto, a quien debe resarcirse del daño sufrido. En ese sentido, destacó la sanción de ley de víctimas 27.372, que entre los derechos establece la reparación del daño, por lo que entendió que debía retribuir a la sociedad a través de los bienes decomisados y sus usos con fines sociales, en sintonía con la política de Estado en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, y también con la Acordada 2/2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que los bienes pasibles de decomiso deben tener un destino de utilidad pública. Schaefer repasó que intervino en diferentes causas junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, a cargo de Diego Iglesias y María del Carmen Chena, respectivamente, en las que se ordenó que vehículos decomisados fuesen destinados al sistema de salud de la provincia de Corrientes para hacer frente a la situación epidemiológica actual con el objeto de proteger la salud pública. En su fallo, el Tribunal manifestó haber verificado ?la real necesidad funcional del uso del inmueble por parte del ministerio peticionante, que realiza tareas de asistencia y prevención en la comunidad?. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Código Penal y ?al no existir actualmente una medida más eficaz al respecto para asegurar el inmueble?, resolvió hacer entrega del depósito al Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes para ser destinado a un centro de prevención y tratamiento de adicciones y consumo problemático y atención integral de víctimas de violencia de género; para ello enfatizó el especial cuidado en evitar la usurpación del lugar, hasta tanto el Tribunal resuelva su otorgamiento en forma definitiva al organismo del Estado.