Por fuera de los ladridos de la escena pública, el equipo económico y el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) intentan tejer un acuerdo que, según la percepción predominante, llegará, pero con demoras y escasa solidez. Será, en definitiva, un pacto que no aliviará los problemas que enfrenta el Gobierno en un año con mayor inflación y menor crecimiento económico que en 2021, según observadores en Washington y Nueva York. Tal vez, no se cumpla a tiempo con los abultados pagos de marzo y el escenario se asemeje al de los fuertes y continuos cruces entre el país y el Fondo que predominó en la década del 80. Con un agravante, ya que en aquel momento para Estados Unidos era importante que la Argentina mantuviera en pie su frágil recuperación democrática y mantuvo una actitud permisiva en materia económica que actualmente no cree que se justifique. Tampoco encuentra Washington en el gobierno argentino un aliado ?confiable? en las cuestiones geopolíticas que lo desvelan, ni hay un ?back channel? para construir una mayor cercanía diplomática, frente a los desplantes de Buenos Aires en temas sensibles como la falta de democracia en Nicaragua y Venezuela. En cambio, el ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a elevar la voz al afirmar que, si no hay acuerdo, el costo lo pagará el FMI en términos de credibilidad. Sin embargo, cada una de las medidas que adoptó el Palacio de Hacienda y el Banco Central en las últimas semanas apuntan a acercarse a un acuerdo, como el manejo más prudente de las cuentas fiscales, la suba de la tasa de interés, la aceleración de la devaluación del tipo de cambio oficial y el anuncio de la suba de las tarifas de los servicios públicos. Más vale, apuntan los negociadores y ex negociadores, focalizarse en los hechos y no en los discursos del Gobierno.