La renovada carga sobre el máximo nivel de la Justicia proyecta un final adverso para el kirchnerismo, hasta paradójico, aunque de lectura más compleja. El proyecto de reforma de la Corte Suprema fue aprobado con lo justo en el Senado, tiene escasas chances en Diputados y, si lograra ser convertido en ley, requeriría para su aplicación una mayoría de dos tercios de los senadores, muy lejos de la realidad y del juego del oficialismo. Demandaría un sólido acuerdo entre los principales bloques para nombrar los nuevos jueces. Justo al revés del clima de estas horas: terminaron de quebrarse los pocos puentes rearmados con el discurso de negociar un acuerdo político. Ese proyecto dice más por el mensaje que por el texto. Fue modificado otra vez y sobre la marcha para cerrar un número de ampliación de la Corte que garantizara la decisión transmitida por Cristina Fernández de Kirchner a los suyos: aprobarlo como gesto político, unas pocas horas antes de su alegato personal en la causa Vialidad. Los dos mensajes se sucedieron con impacto previsible sobre las llamativas señales de diálogo político enviadas por el kirchnerismo a Juntos por el Cambio, en rigor, a algunos representantes de la coalición opositora, apostando a sus internas. Las consecuencias eran previsibles para CFK y su círculo. ¿Por qué mover de ese modo sus piezas? Parece sentido pragmático, quizá también en los costos. CFK necesita mostrarse a la ofensiva, con poder, sobre todo como mensaje a la interna. En rigor, son dos gestos diferentes con un punto en común: la Justicia, el terreno que concentra el foco de la ex presidente y que vuelve a ocupar el centro después del ataque sufrido a la entrada de su casa en Recoleta.