La aceleración de la tasa de inflación, de un ritmo inicial de 50% anual en enero a 78% en agosto y que se proyecta en las pautas del Presupuesto de Gastos y Recursos para 2023 en 95% para diciembre próximo, arrastra inexorablemente el aumento de las partidas vigentes para el resto del 2022, en particular en las áreas que ajustan con rezago trimestral por la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec (IPC) y de los recursos de la Anses, como es el caso del ?gasto social?. Ese efecto se aprecia con claridad al comparar los créditos presupuestarios vigentes para el conjunto de la Administración Central de $16,29 billones, con el presentado como cierre para todo el año en el Presupuesto 2023 de $16,77 billones. Esto es, se estima que a través de Decisiones Administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del ministro de Economía, o bien por medio de un Decreto ómnibus de centenares de páginas como ha ocurrido casi ininterrumpidamente en cada último trimestre del año en las últimas dos décadas, se dispondrá una ampliación neta del gasto público en $480.000 millones, con subas y bajas en el desagregado por principales jurisdicciones. Entre los Ministerios que se prevé acusarán recortes nominales una vez más, como ocurriera en agosto último, se destacan los de Educación $45.336 millones; Salud $44.302 millones; y Transporte $40.000 millones, aunque la mayor poda la sufrirá la Tesorería con $63.970 millones, y por extensión las provincias que tendrán una caja más delgada a dónde acudir para recibir transferencias discrecionales, como se ha observado desde el inicio del año. En menor medida, se advierten otras disminuciones en las autorizaciones a gastar (crédito presupuestario en la jerga de las finanzas públicas) respecto del total asignado que hasta el 16 de septiembre registra la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda a cargo del histórico en el área, Raúl Rigo, en Desarrollo Territorial y Hábitat $24.514 millones; Obras Públicas 11.091 millones; Turismo y Deportes $5.000 millones; y Cultura $3.000 millones. Por el contrario, la aceleración de la inflación forzará ampliar la partida máxima actual para Trabajo, Empleo y Seguridad en $418.410 millones, principalmente para el pago de las jubilaciones y pensiones con el próximo incremento que surja de la aplicación de la Ley de Movilidad previsional desde el 1 de diciembre y su efecto pleno sobre el medio aguinaldo que se liquida ese mes.