El Gobierno nacional tiene una nueva causa en la Justicia Federal que podría involucrarlo en casos de narcotráfico, en el marco de la investigación que lleva adelante la jueza María Servini de Cubría por supuestas vinculaciones de funcionarios o empleados de la Casa Rosada con una banda de narcos, según reveló la propia magistrada.

“Hay llamados entre teléfonos de la Casa Rosada con algunos narcos”, dijo la jueza en declaraciones a la prensa cuando se refirió, el viernes pasado, al caso que involucra a los hermanos Zacarías, acusados de liderar una banda para el tráfico de efedrina y ser empleados de confianza del exsecretario de la Sedronar, José Granero, un exfuncionario kirchnerista que está procesado en la causa.

“Tenemos entrecruzamientos de algunos llamados entre teléfonos de la Casa Rosada con algunos narcos. Queremos saber quiénes usaron esos teléfonos”, indicó Servini de Cubría y contó que le pidió al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que informe sobre los números que aparecen en esos peritajes. La magistrada señaló: “Le damos un tiempo y si no contesta le volvemos a reiterar el pedido, y si no contesta vamos a buscar allanar”.

Tras afirmar que se pudo comprobar que ingresó efedrina ilegalmente al país, la jueza le apuntó a la Sedronar y al exsecretario del organismo José Granero, quien se encuentra procesado en la causa, por entender que dificultó la investigación.

El Gobierno, por su parte, anunció ayer que responderá el pedido judicial por los supuestos llamados. “No creemos que haya ningún vínculo con el narcotráfico”, dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich”, en referencia al pedido de la jueza.

“Todo requerimiento judicial debe ser respondido debidamente. Pero obviamente no creemos que haya ningún vínculo. En la Casa Rosada hay un conmutador que puede hablar cualquier empleado de cualquier nivel, por lo cual hay que ver...”, señaló Capitanich.

Servini de Cubría procesó a Granero y a funcionarios a su cargo, al acusarlos de haber habilitado el ingreso de más de 40.000 kilos de efedrina que se desviaron al narcotráfico. Al dictar el procesamiento, la magistrada señaló que estaban registrados los contactos telefónicos entre los acusados de ingresar efedrina, funcionarios de la Sedronar, Casa Militar y Presidencia, uno de ellos el empresario Alfredo Abraham, dueño de Farmacéuticos Argentinos, condenado el pasado viernes a 11 años de prisión: las comunicaciones se realizaron el 23 de febrero, el 3 de abril y el 29 de mayo de 2007.

También se investigan llamados que realizó el exsecretario de Granero, Miguel Zacarías: por entonces en la Rosada trabajaban dos de sus hermanos, Rubén (exjefe de Protocolo) y Luis Zacarías (empleado de la secretaría privada de Presidencia), mientras que Máximo Rito Zacarías es exempleado del PAMI. Todos ellos están en la mira de la jueza Servini de Cubría.

La magistrada firmó la semana pasada un oficio dirigido al secretario general Parrilli, para que informe qué funcionarios o empleados de la Rosada utilizaban las líneas que recibieron los llamados sospechosos y amenazó con allanar la sede de Gobierno en caso de no recibir respuestas. El funcionario dio instrucciones de que se conteste el oficio, algo que sin embargo requerirá dos o tres días hábiles: “Como siempre, contestaremos el oficio en el plazo legal correspondiente”, indicó Parrilli en declaraciones reproducidas por un matutino porteño.