La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, convocada ayer (30/09/14) en la sede del Minagri, resolvió por unanimidad avalar el Decreto 1965/14 de la Provincia de Corrientes a través del cual se declara el estado de emergencia agropecuaria a los Departamentos de Berón de Astrada, Capital, Concepción, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, San Cosme, San Luis del Palmar y San Miguel, y por inclusión en la Ley Provincial 6.282, a Santo Tomé, Ituzaingó, General Alvear y San Martín, por el período del 1 de junio al 30 de noviembre de 2014. Para la Isla Apipé el plazo se extiende desde el 1 de junio al 31 de mayo de 2015.

Por Corrientes estuvieron presentes el secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Producción, lic. Manuel García Olano, y el director de la Unidad de Programación del Desarrollo Productivo, ing. Luis Almirón.

El pedido de la provincia fue formulado para las explotaciones dedicadas a la ganadería bovina y a cultivos hortícolas, afectados por el exceso de precipitaciones y los consecuentes desbordes de ríos, riachos, arroyos y lagunas, ocurridos de marzo a mayo de este año y la inusual crecida del río Paraná durante la primera quincena de junio último.

Asimismo, al detallar las pérdidas sufridas por los sectores productivos, los representantes correntinos informaron que mientras se cumplían los pasos formales para la sanción del Decreto citado, la situación climática empeoró gravemente y motivó la sanción y promulgación de la Ley 6.282, que declara para Corrientes el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, social, sanitaria, energética, productiva y de seguridad vial, como consecuencia de las crecientes excepcionales de los ríos Paraná, Uruguay y sus afluentes, por un plazo de 180 días y prorrogable por igual término, según lo dictamine en Poder Ejecutivo Provincial. A través de esta situación, se incluyó el pedido de declaración de emergencia agropecuaria para los Departamentos de Santo Tomé, Ituzaingó, General Alvear y San Martín.

La Comisión Nacional recomendará al Poder Ejecutivo Nacional la sanción del Decreto correspondiente para que los damnificados puedan acceder a los beneficios dispuestos por la Ley Nacional 26.509.