González, titular de la Fiscalía N° 7 en lo Criminal y Correccional Federal, pidió que el expediente que investiga la adquisición de 19 autos en diciembre de 2009 para el Palacio de Hacienda sea elevado a juicio oral. El magistrado Torres, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de la causa, deberá decidir.

El expediente surgió a partir de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans. La compra se realizó sin licitación pública: por el monto de la operación, ese debería haber sido el mecanismo de adquisición según las normas del Estado.

El 3 de diciembre de 2009, Boudou se reunió con el titular de Guido Guidi, concesionario oficial de Volkswagen, con la declamada intención de presentarle los resultados alcanzados por la empresa en la venta de vehículos por intermedio del Plan Nacional de Autos. En paralelo, Economía iba a hacer una compra de vehículos mediante licitación pública, pero la concesionaria Guido Guidi publicó que subastaría un lote de autos que coincidía con lo que buscaba el Ministerio de Economía. El 22 de diciembre de 2009, Benigno Vélez, entonces secretario de Legal y Técnico de Economía, firmó la resolución N° 347 para comprar 19 automóviles 0 km a Guido Guidi por un monto total de $ 2.131.400.

El juez investiga si se violó el régimen de contrataciones del Estado, al no haberse hecho mediante licitación pública, y si el Ministerio de Economía tenía la posibilidad de adquirir vehículos de alta gama de otras marcas a un menor precio, pese a lo cual optaron por los Volkswagen.

Los vehículos fueron tres Passat, tres Vento y 13 Bora, de las líneas Trendline, Advance y Exclusive. Uno de ellos fue destinado a la Sindicatura General de la Nación, el organismo encargado de controlar, entre otras cosas, esas adquisiciones. El funcionario a cargo del organismo era entonces Daniel Reposo, el fallido candidato de la entonces presidenta Cristina Kirchner para la Procuración General de la Nación.

El 2 de septiembre del año pasado, el juez federal Torres procesó y embargó por 3 millones de pesos a Boudou por el delito de "administración fraudulenta agravada". También fue procesado Benigno Vélez.

Según el juez, la compra fue un "capricho" que "no sólo implicó la adquisición de un lote de vehículos no esenciales para el Ministerio de Economía y por un monto superior", sino que además "uno de esos autos iba a ser de uso particular de Boudou".