La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) dijo que los agentes de seguridad implicados en 505 muertes cuestionables aparentemente no han sido acusados. Es una señal de erosión de los controles y equilibrios, lo que exime a las autoridades estatales de rendir cuentas, dijo el alto comisionado Zeid Ra"ad Al Hussein.

El informe destaca el caso, meses atrás, del agente de policía rebelde Óscar Pérez y seis miembros de su grupo que fueron abatidos cuando intentaban rendirse. Los funcionarios de la ONU creen que el grupo fue ejecutado por orden de altas autoridades del gobierno en violación de sus derechos fundamentales.

“El estado de derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, dijo Zeid. “La impunidad debe terminar”.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “considera que las cifras con realmente impresionantes”, dijo el portavoz Farhan Haq más tarde el viernes en la sede de la ONU. Dijo que Guterres sintió que el informe “muestra la necesidad de un diálogo político y una solución política plenamente inclusiva” a los problemas de Venezuela.

Al condenar al informe, el gobierno venezolano dijo el viernes en un comunicado que el pronunciamiento del alto comisionado vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad, y descartó la información oficial con el fin de construir una “grotesca farsa mediática”.

Asimismo, criticaron al jefe de la dependencia, Zeid, al que señalaron de tener “obsesión” con Venezuela y de omitir las actuaciones y conclusiones de procedimientos especiales del propio Consejo de Derechos Humanos.

Venezuela está sumida en una crisis política y económica creciente caracterizada por la escasez de alimentos y medicamentos y una inflación galopante que ha llevado a miles a buscar una vida mejor en otras partes.

El gobierno ha sido objeto de condenas internacionales desde el año pasado, cuando funcionarios leales al presidente socialista Nicolás Maduro formaron una asamblea constituyente que despojó de sus poderes al Congreso elegido democráticamente y controlado por la oposición.

El informe de la ONU estudia casos de aplicación excesiva de la fuerza por parte del gobierno y también menciona ejemplos de oficiales que amenazan o detienen a trabajadores de la salud por denunciar la falta de medicamentos y las malas condiciones.

Según el informe, entre 2015 y 2017 unos 357 agentes fueron investigados por la muerte de 505 personas en supuestas operaciones de allanamiento en los barrios.

Pero la fiscal general, que era crítica de Maduro, fue reemplaza en agosto y no se ha publicado más información sobre las investigaciones en relación con esos homicidios, dice el informe, y añade que aparentemente han desaparecido las pruebas de los archivos.

“El Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos”, dijo Zeid, y sugirió que la Corte Penal Internacional podría tener una mayor implicación.

El caso del rebelde Pérez

Las autoridades venezolanas, que denuncian frecuentemente la intromisión extranjera en sus asuntos, no permitieron el ingreso de los funcionarios de la ONU, que obtuvieron su información en entrevistas con víctimas, testigos, abogados y médicos.

El informe echa luz sobre la muerte de Pérez en enero, cuando las fuerzas del gobierno localizaron a su grupo que estaba escondido en una barriada ubicada al oeste de Caracas. Era el prófugo más buscado desde que atacó edificios del gobierno con un helicóptero policial robado.

Según el informe, 400 agentes armados con fusiles de asalto y un lanzagranadas antitanque rodearon a Pérez, quien aparece en un video ofreciendo la rendición. La policía halló en el lugar cuatro fusiles, una pistola y dos granadas de mano, dice el informe.

Funcionarios de la ONU dijeron que su investigación les permite pensar que agentes dependientes directamente de Maduro ejecutaron a los siete rebeldes y luego destruyeron las pruebas.

La OPS urge frenar el avance del sarampión y la difteria

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) urgió a Venezuela a frenar el avance del sarampión y la difteria y disminuir la mortalidad por malaria, así como abordar la actual “fragmentación y segmentación” de los servicios de salud.

Venezuela debe “elaborar y ejecutar urgentemente un plan de acción para detener la transmisión del sarampión y la difteria”, “reducir la morbilidad y la mortalidad debida a la malaria” y “acelerar los esfuerzos para mejorar la integración de los servicios de salud, a fin de abordar la fragmentación y segmentación actuales”, dijo la OPS.

Estas recomendaciones están incluidas en un informe sobre Venezuela y países vecinos presentado durante la 162º sesión del comité ejecutivo del organismo, que finaliza este viernes en Washington.

El reporte señala que Venezuela, con más de 30 millones de habitantes, enfrenta una situación sociopolítica y económica que ha afectado “negativamente” los indicadores sociales y de salud, con impacto en la región.

Más de 1,6 millones de venezolanos emigraron en 2017 a otros países “lo que ha causado preocupaciones de salud pública”, destacó la OPS, mencionando especialmente a Colombia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú y Trinidad y Tobago.

En Venezuela, además de brotes de difteria, sarampión y malaria que se han extendido “con rapidez”, la OPS indica su preocupación por las infecciones por VIH y tuberculosis, el aumento de la mortalidad materna y de niños menores de un año, y las dificultades de acceso a los medicamentos y de atención de personas con enfermedades crónicas potencialmente mortales. El informe también señala la disminución de la capacidad de respuesta en emergencias y brotes de enfermedades.