En el auto de procesamiento, el juez partió de ese cálculo para establecer embargos por $ 4000 millones a todos los imputados.

¿Por qué el magistrado fijó esta cifra? Porque consideró que "al patrimonio de los ex funcionarios públicos aquí imputados habría ingresado una suma cercana a los cien millones de dólares (U$S 100.000.000)". Bonadio aplicó ese mismo criterio a los 42 procesados.

Las cifras son cada vez mayores en cada causa de corrupción en la que Cristina Kirchner es investigada. La ex presidenta sumó su sexto procesamiento en la justicia federal, y con el mismo un nuevo embargo. Así, su patrimonio se encuentra cautelado en 4.985 millones de pesos.

“Al dictarse el auto de procesamiento, el juez debe ordenar el embargo de bienes del imputado en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas, es decir, los costos potenciales que en definitiva importe el proceso”, indica el Código Penal.

Además, se busca el cumplimiento, por parte de todos los procesados con Cristina Kirchner a la cabeza, que se llegue a cubrir “las obligaciones emergentes del delito”.

Al momento de estimar el monto del embargo para cada acusado, el juez valoró “la magnitud de los hechos investigados y la responsabilidad de los imputados” considerando además que muchos de los procesados, “al momento de llevarse a cabo las maniobras investigadas integraban el Estado Nacional”.

En este sentido, el juez determinó que Cristina fue la jefa de la asociación ilícita que se dedicaba al cobro de sobornos. Así, se corroboró “la existencia de un pacto ilícito” que “hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional” con el fin de “enriquecerse ilegítimamente” y destinar una porción “a la financiación de la política de forma ilegal”.

De esta manera, el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli determinaron que la recaudación de fondos ilegales a empresarios contratistas del Estado (del sector energético, de la construcción y del Transporte) que se realizó entre 2003 y 2015, respondió a una maquinaria, a un sistema que fue en “detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro”.

Según la Justicia, este “sistema de recaudación ilegal” funcionó para “distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”.

Bajo estas premisas se analizaron las consecuencia de las maniobras realizadas y cómo se “perjudicaron las arcas del Estado Nacional, en razón que debieron afrontarse gastos en obras y servicios públicos superiores a lo que correspondían y por los que los imputados –ya sea funcionarios o empresarios-, obtuvieron considerables réditos económicos”.

En ese contexto, Bonadio determinó que a raíz de la investigación emprendida pudo establecerse que al patrimonio de los ex funcionarios “habría ingresado una suma cercana a los cien millones de dólares (U$S 100.000.000)”. En consecuencia, estableció ese monto para el embargo a todos los imputados.

Por otro lado, se explicó que -como en toda causa de delitos de corrupción y económicos-,una vez que se determine el patrimonio producido por el delito investigado, se debe “impedir que se siga aprovechando y administrando el producido del delito” y por ello ordenar los embargos por 4.000 millones de pesos para cada procesado e incluir los bienes que “habrían sido adquiridos con el producido de las maniobras ilícitas investigadas”.