La prohibición que entró en vigencia fue la elaboración, importación y fraccionamiento de las sustancias activas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus productos formulados. Establece además que dentro de 365 días se producirá la baja automática de los productos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal.

La noticia fue celebrada por organizaciones conservacionistas como Vida Silvestre, desde la cual su director Manuel Jaramillo dedicó una fuerte reflexión sobre el tema. “Para quienes bregamos por la conservación y el uso sustentable de nuestro país, no es frecuente recibir buenas noticias. No obstante hoy celebramos la Resolución 236/18 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en la que se prohíbe la elaboración, importación y fraccionamiento de los plaguicidas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol, y sus productos formulados, que ponen en grave riesgo la salud del ser humano y el medio ambiente”, sostuvo Jaramillo.

En su artículo recuerda además que el carbofuran fue el desencadenante de la muerte de una nena en Mburucuyá, luego de ingerir una mandarina contaminada. Del mismo modo, fue “responsable de la muerte de al menos 34 cóndores andinos en la provincia de Mendoza en enero pasado. Sin embargo, lejos estuvo de ser el único caso relacionado con este pesticida prohibido en muchos países: en el 2016 en Mendoza 15 animales, principalmente llamas, fueron envenenados al comer rollos de alfalfa contaminados por este pesticida”, enumeró.

“Era una medida muy esperada. Ya estaban prohibidos en la Unión Europea y otros países como Canadá desde hace tiempo”, subrayó en diálogo con época el Director de Vida Silvestre.

“Cuando un producto es tan tóxico, su uso tiene que estar muy restringido y su utilización muy cuidada. Por eso celebramos este avance”, destacó. No obstante, consideró que “hace falta una ley que regule fuertemente la comercialización y uso” de los agroquímicos. Que “por llamarse fitosanitarios, confunden porque disimulan su potencial de peligro”, remarcó.

Para Jaramillo, la principal deuda respecto del tema es “un debate de la sociedad, a conciencia. Porque las industrias y también distintos estamentos del Estado pasaron muchos años minimizando el impacto nocivo de estas sustancias. Y eso lleva a una cuestión de mala praxis, de la naturalización de su uso como si fuera algo inocuo y común”, reflexionó.

En el caso del carbofuran, recordó que “ha sido el químico estrella, el más utilizado para envenenar animales que son considerados plagas, por ejemplo las cotorras. Y ha sido utilizado incluso en planes oficiales de erradicación. Se plantaban cebos con carbofuran, sin tomar en cuenta que una cotorra puede morir luego cerca de un cauce de agua y transportar el veneno por un radio mucho mayor. Incluso llegar hasta donde hay población”, apuntó.

Los cebos con carbofuran fueron los causantes de las muerte de unos 15 cóndores en Mendoza, donde “algunos los consideraron amenazas a sus corrales o animales domésticos”, dijo.

En el caso de la niña correntina, la tragedia ocurrió hace un año,a fines de septiembre de 2017. La jovencita (llamada Rocío) se dirigía a clases de catecismo junto a su sobrino, cuando en la puerta de una finca encontró una mandarina en el suelo. Ambos menores compartieron la fruta. Tras consumirla, la nena se descompensó y luego falleció en el camino al hospital de Saladas. El chico, quien también ingirió el cítrico, tuvo nauseas y se pudo salvar.

Según trascendió meses después, Osvaldo Ojeda, fiscal de Instrucción de Saladas quien intervino en la causa de la niña muerta al comer una mandarina, confirmó que la autopsia reveló que en el cuerpo de la menor se encontró rastros de un químico llamado furadan, que se utilizaría inyectándolo en las plantas.

“Se trata de productos baratos, de fácil acceso, es común que estén presentes en los campos. Por eso ahora a la prohibición de su venta y utilización habrá que sumarle control. “Hace falta una legislación participativa, en la que pueda llegar a los usuarios por convicción. Si no, una ley que no se aplica es una ley muerta. hay que regular, pero también implementar y monitorear”, sostuvo Jaramillo.

En Corrientes, la Dirección de Producción Vegetal prohibió el uso de carbofuran y aldicarb hace tiempo en alimentos frescos. Sin embargo, no siempre se cumple.

Desde el Ministerio de Producción, aseguraron respecto a la prohibición recientemente publicada que “para el 2020 las buenas prácticas en fruticultura y el 2021 para la horticultura serán obligatorias y las certificaciones de esa práctica también, mediante análisis de laboratorio. En breve, en Corrientes, todo producto frutihortícola que ingrese a comercialización -vía mercado de concentración o venta directa a supermercados o comercios minoristas- será sometido a análisis de residuos y se decomisará y destruirá la mercadería que no cumpla con esos parámetros”, recordaron.