El Senado nacional aprobó hace algunos días que el abuso de menores sea un delito de acción pública, ya que hasta ahora la Justicia sólo podía actuar si los padres ratificaban la acusación. El abogado penalista Juan Arrejín charló con Sudamericana para explicar los alcances de esta legislación, adelantando que “esto obliga a los fiscales a estar más despiertos y ser más proactivos en la investigación”.
Desde ahora, el Estado nacional está obligado a intervenir en las denuncias de abuso sexual de niñas y niños. Esto es posible porque el Senado aprobó por unanimidad y convirtió en ley este miércoles un proyecto que modifica el artículo 72 del Código Penal, estableciendo que estos delitos sean de instancia pública. Es decir, el Estado los puede investigar sin que los padres ratifiquen la denuncia.
La situación hasta ahora frente a este tipo de denuncias era que la Justicia sólo actuaba si había una ratificación del responsable parental. Pero esto no solía ocurrir porque los casos de abuso sexual infantil suceden en la mayoría de los casos en el propio ámbito familiar, y de allegados.
El Dr. Arrejin explicó que “es un avance importante por la proliferación de estos delitos que marcan a futuro con consecuencias terribles a las personas”. Añadió que “también obliga a los fiscales a ser lo más proactivos posibles para investigar” estos delitos, que registran un aumento “por la masificación y universalización del acceso a la pornografía y el despertar sexual cada vez más precoz, que generan un condimento para que haya lamentablemente estos delitos gravísimos”.
