La dirigente social jujeña Milagro Sala enfrentará desde hoy un nuevo juicio oral en el que es la única imputada. En el debate se analizará su responsabilidad en las agresiones sufridas por el militante César “Luca” Arias, golpeado en 2006 en las instalaciones del Ministerio de Tierra y Vivienda de Jujuy. La causa había sido declarada prescripta en 2009, pero fue reabierta en 2016 luego de que otro militante, preso entonces por un delito común, se presentara de manera “espontánea” ante el juzgado de Pablo Pullen Llermanos. “Me siento indefensa y humillada, pido un grito de democracia judicial por favor”, reclamó Sala desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria.

Arias era un militante social jujeño vinculado a la Corriente Clasista y Combativa liderada, en la provincia, por Carlos “Perro” Santillán. El 3 de julio de 2006 acudió junto a otro dirigente social, Juan Carlos Maidana, a la oficina del entonces ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini, para dialogar con él sobre planes de vivienda para las cooperativas. Tras esa reunión, ambos denunciaron que allí habían sido fuertemente agredidos. Acusaron a Sala y a otros miembros de la agrupación Tupac Amaru –que nunca fueron identificados– como los responsables de los golpes recibidos. Arias falleció diez meses después de la agresión, víctima de una leucemia. La causa, en manos del juez de instrucción Marcelo Gutiérrez, no avanzó y fue declarada prescripta hace diez años.

Con la asunción del radical Gerardo Morales en la gobernación de Jujuy, a fines de 2015, y con la posterior la avanzada judicial en contra de Sala, esta causa también se reactivó. Desde el entorno de la líder de la Tupac Amaru denunciaron que en 2016, y mientras permanecía detenido por delitos comunes, Maidana se acercó de manera “espontánea” al despacho de Pullén Llermanos, uno de los jueces que lidera el cerrojo judicial contra la dirigente social, y reclamó información sobre el expediente de la golpiza sucedida una década atrás. De inmediato, el magistrado declaró nula la instrucción y avanzó a paso firme con el expediente que fue elevado a juicio en diciembre pasado.

“Una vez más voy a sufrir la injusticia judicial. Mis abogados presentaron pruebas y testigos (en la causa) que no quisieron recibir”, advirtió Sala en un video que el Comité por su libertad hizo circular ayer. Allí, la dirigente vincula este nuevo debate en su contra, en el que es la única acusada, con el resto de las investigaciones y juicios que la mantienen encarcelada desde enero de 2016. “Me siento una vez más indefensa, humillada, estoy siendo violentada por el Poder Judicial y político de Gerardo Morales”, denunció y pidió “a todos los argentinos que nos den una mano”, que “alguien le pare la mano a esta Justicia de Jujuy que juzgó a muchos compañeros inocentes que están en la cárcel. Pido un grito de democracia judicial por favor”.

Será el quinto juicio que la dirigente jujeña afronte desde la asunción de Morales en la gobernación jujeña. Sin que las querellas ni la Fiscalía pudieran acreditar con pruebas fehacientes los delitos bajo análisis, en enero pasado Sala fue condenada a trece años de prisión tras haber sido hallada culpable de asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado en una causa que investigó desvíos de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas