El gobierno regional de la ciudad-estado de Berlín aprobó el martes la introducción de un tope al precio de la vivienda de alquiler, según el cual los arrendamientos quedarán congelados durante cinco años y a niveles acordes a los arrendamientos de referencia en sus respectivas zonas. El ejecutivo de la capital alemana, liderado por el socialdemócrata Michael Müller y con los Verdes y La Izquierda como socios de coalición, acordaron un paquete marco, que previsiblemente entrará en vigor en 2020, aunque de carácter retroactivo a julio de 2019. El objetivo es que los alquileres queden congelados por ese periodo, explicó la responsable de Urbanismo del gobierno regional, Katrin Lompscher. Berlín fue tradicionalmente una ciudad de alquileres bajos, en relación con el resto del país, pero desde que recuperó su estatus de capital alemana, tras la reunificación del país en 1990, empezaron a subir los precios a niveles semejantes a otros grandes núcleos urbanos. En los últimos años esta evolución se disparó, tanto en la vivienda de alquiler como de propiedad, y se estima ahora que desde 2011 a 2016 los precios subieron un 40%, para acelerarse aún más en los dos últimos años, con un encarecimiento anual del 20%. Esta situación ha generado movilizaciones masivas en contra de la especulación y abusos inmobiliarios, actualmente la principal preocupación de los ciudadanos de Berlín. El pasado marzo se puso en marcha una campaña para pedir, vía consulta popular, la expropiación a los grandes consorcios inmobiliarios, iniciativa aún en marcha y que para prosperar deberá haber recogido 170.000 firmas en seis meses. Berlín es el primer "Land" que implantará ese tope a los alquileres, mientras que a escala del Gobierno federal se aprobó en septiembre del año pasado un ofensiva destinada a frenar el repunte de precios en la vivienda. El plan incluye ayudas a la compra de la primera residencia, la construcción de más vivienda social y un plan para aumentar la oferta de suelo, que aspira a levantar 1,5 millones de viviendas. Entre las medidas contenidas en el plan destacan los 5.000 millones de euros que en esta legislatura el Gobierno de la canciller Angela Merkel piensa dedicar a la construcción de nueva vivienda social. También se ha reservado una partida de 2.700 millones de euros para el "Baukindergeld", una nueva ayuda de 1.200 euros anuales durante una década a las familias con al menos un hijo menor de edad para la compra de su primera residencia.