La situación carcelaria llegó al límite y en marzo pasado el gobierno nacional dictó la emergencia penitenciaria: hay declarados 14.397 detenidos, cuando el cupo es de 12.235. Se supera el límite por más de 2.000 personas, pero además no habrá ampliaciones ni construcciones de nuevas cárceles hasta al menos el año próximo. Los jueces reclamaron al Ministerio de Justicia que adopte alguna medida para mejorar la superpoblación. Además, pidieron que la Corte dentro de su competencia cree una secretaría penitenciaria para abocarse al asunto. En la exhortación al ministro de Justicia, Germán Garavano, los jueces pidieron medidas, como reforzar el personal penitenciario, proveer recursos necesarios para la vivencia diaria de los presos y garantizar cupos educativos y laborales. Es que con el aumento de la cantidad de presos, los organismos de derechos humanos denunciaron la escasez de recursos, pero también la falta de cupos laborales y educativos. Además, los jueces pidieron al Ministerio de Justicia que garantice el otorgamiento de pulseras magnéticas, ya que así podrían otorgarse medidas alternativas a la detención por delitos menores. Justamente, uno de los puntos que señalan los jueces es que el Ejecutivo promovió leyes para que los que reinciden en el delito, más allá de que sean penas menores (como un hurto), vayan detenidos, algo que incrementó la cifra de presos los últimos meses. Otro de los puntos del documento está referido al sistema de videoconferencias, para intentar que puedan tener un buen funcionamiento, ya que los traslados en los últimos meses eran casi imposibles, porque gran cantidad de unidades móviles del Servicio Penitenciario Federal estaban fuera de servicio. En las últimas semanas, en el marco de distintos hábeas corpus o bien de amparos presentados por la situación de distintas unidades de detención afectadas por la superpoblación, quedó en evidencia el cruce entre jueces e integrantes del Ejecutivo.