La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) informó este jueves del homicidio de Juan Carlos González, un agricultor de 60 años del departamento de Cruz Alta, Tucumán, que fue asesinado de tres disparos por un ex policía identificado como Carlos Fortunato Flores, de 74, que quiso usurpar su campo. El asesinato ocurrió en la mañana del 15 de septiembre pasado, cuando Flores se presentó en el campo de "Don Cheta", como era conocido González, y le demandó que dejara sus tierras para que él pudiera sacarle provecho arrendándolas a productores de la zona, afirmaron desde la UTT. El predio ubicado en El Cevilar, comuna de El Bracho, departamento de Cruz Alta, le perteneció a la familia paterna de Don Cheta y él cultivaba y tenía vacas que había ido a mover justamente el martes pasado. Los González "son gente tranquila, de perfil muy bajo, campesinos que van humildemente día a día a cuidar sus vacas y sus animales", explicó María Juárez, delegada de la base La Tala de la UTT, al señalar que "no puede quedar impune este asesinato". Una vecina fue la encargada de avisarle al hijo de Don Cheta, Luis Robles, que miembros de la policía de Tucumán estaban en el campo de su familia y que había "un hombre" echado en el suelo. Era su padre. "Yo sólo pido que hagan justicia, lo que ha hecho Flores no tiene nombre, ni látigo tenía mi marido para amenazar. No puede ser que este asesino esté de vacaciones en lo de su sobrina, queremos que esté preso y pague por lo que ha hecho", expresó Lidia Rosa González, la viuda de Don Cheta. Y es que Carlos Fortunato Flores, un ex policía de 74 años que tiene antecedentes penales por intentos de homicidio y robos, se entregó en la comisaría local pero fue despachado a la casa de su sobrina en Horco Molle, Yerba Buena, justo a las afueras de San Miguel de Tucumán. Allegados al caso informaron que a pesar de su prontuario Flores "se paseaba por la zona impunemente usurpando terrenos para el negocio de los sojeros". Desde la delegación de la UTT Tucumán explicaron que el asesinato de Don Cheta no es un hecho aislado sino el resultado de la falta de regulación y políticas públicas que garanticen el derecho a la tierra para las familias campesinas en la provincia y a nivel nacional. "Exigimos al Gobierno de Tucumán que se haga justicia por nuestro compañero, no puede ser que personas vinculadas con la policía se manejen con total impunidad para robar las tierras de nuestros pequeños productores", sentenció Daniel Robles, delegado de la UTT.