El Gobierno lanzará en febrero un acuerdo de precios y salarios con empresarios y sindicalistas para encarrilar ambas variables en torno de la inflación presupuestada para el año del 29 por ciento. El objetivo, confiaron a este diario funcionarios y dirigentes gremiales, es que los sueldos de los trabajadores -así como las jubilaciones y, eventualmente, los planes sociales- se ubiquen nominalmente un par de puntos por encima de la variación que tendrá en 2021 el costo de la canasta básica. Los detalles del pacto serán el eje mañana de un encuentro del Gabinete económico. El Anuncio termina en 15s La iniciativa deberá recorrer un camino de negociación interna tanto en la CGT y el resto de las centrales obreras como en las cámaras empresarias, las más reticentes a la firma del entendimiento. La experiencia previa no es favorable: los acuerdos "de caballeros" que promovió Mauricio Macri en la gestión de Cambiemos para congelar los precios tuvieron en general una vigencia que no superó el puñado de días. En este caso, aclararon los protagonistas, no será un compromiso de congelamiento sino de "acompañar una convergencia" de ambas variables con la inflación. Los precios de los diferentes cortes de carne vacuna aumentaron 3,3% en septiembre respecto de agosto, contra un incremento del pollo del 12,4% y del cerdo de 10,4% el mismo mes. Informate más Dónde comprar los cortes de carne a precios bajos La administración de Alberto Fernández comenzó a sondear esta alternativa en diciembre en charlas informales con gremialistas y empresarios. La idea de implementarlo en febrero, con una foto del propio Presidente con actores centrales de ambos espacios, tiene que ver con fijar una pauta estable para las paritarias antes del arranque del grueso de las negociaciones, a partir de marzo. Se prevé que el acuerdo será una herramienta que correrá en paralelo con el meneado Consejo Económico y Social aunque esta última institución permanece sin convocar a pesar de que el mandatario dijo públicamente que lo haría por decreto antes de fin de este mes. Aunque se encuentra en su etapa seminal el pacto pasó a ser una prioridad en los últimos días a partir de la aceleración en los precios de diciembre y la posibilidad concreta de que un par de meses más de ese ritmo inflacionario terminaría por convertir en letra muerta el 29% implantado como meta en el Presupuesto 2021. Para involucrarse en el proyecto los jefes de la CGT le hicieron saber al Frente de Todos que exigirán un control estricto del cumplimiento de las pautas de precios por parte de los formadores. Sin pisos ni techos Además la cúpula gremial, con Héctor Daer a la cabeza, reclamó garantías de que las paritarias deberán celebrarse con libertad de criterios. Eso implicará que no habrá imposición de pisos y techos para las negociaciones pero que cada dirigente deberá tener en cuenta que, a partir de su base salarial de arranque parea la discusión, la expectativa de aumento para sus representados tendrá como parámetro la pauta presupuestaria. En otras palabras, si en 2020 un sector gremial consiguió empatarle a la inflación, este año podrá negociar aumentos que no deberían superar 32% en promedio. El acuerdo demandará una ingeniería diplomática delicada por parte del Ejecutivo. Por un lado tendrá que convencer a los empresarios de que las pautas y controles de precios no se traducirán en sanciones o en la utilización extensiva de herramientas como la Ley de Abastecimiento, cuya sola mención eriza a los dirigentes patronales. Sobre todo porque la sensibilidad de los privados estará marcada por la extensión durante el fin de semana y por decreto de necesidad y urgencia (DNU) de la prohibición de los despidos, hasta abril, y de la doble indemnización, en este caso hasta fin de año aunque con un tope de 500 mil pesos para el recargo. Por el lado sindical, la mayoritaria cercanía dirigencial al Frente de Todos contrasta con el malestar que causó en el núcleo de conducción de la CGT el proyecto de reforma de la salud alentado por Cristina de Kirchner. Se trata de una iniciativa que, sin fecha de lanzamiento y con apenas un puñado de contactos informales de sus autores con la organización obrera, apunta a la centralización en el Estado de la gestión de los recursos financieros de la actividad sanitaria y de un manejo más intenso de los resortes públicos para la adquisición de medicamentos y tecnología médica.