Una organización integrada por ocho chaqueños, acusada de simular compras en Paraguay para adquirir dólares entre 2012 y 2015, enfrentaría un juicio, en el fuero federal, por lavado de dinero. El uso de tarjetas de débito y cuentas fue una constante. Los reportes bancarios sirvieron para detectar las operaciones. Casi 80 millones de pesos fueron movidos por esta organización compleja. Y el fiscal federal, Patricio Sabadini, en el requerimiento de elevación a juicio, planteó la necesidad de continuar la investigación sobre los hechos relacionados con la compra y venta de divisas extranjeras y violaciones al código aduanero. Desde la acusación indicaron que la organización usó la maniobra ?Smurf?, típica del delito de lavado de dinero, que consiste en el depósito o consignación del dinero diversificado en un gran número de cuentas bancarias y en montos fraccionados que no superaban los $ 40.000, para dificultar su detección por el sistema financiero. De esta manera se aleja progresivamente el dinero de su origen ilícito y se oculta la propiedad real de los imputados, al ser consignado a nombre de los titulares de las cuentas bancarias utilizadas en la maniobra, no obstante los acusados se reservaban el pleno uso de la cuenta y el dinero, reteniendo en su poder el plástico o tarjeta de débito, lo que determina el dominio de la acción. Se cree que las operaciones se desarrollaron desde 2012 a 2015 y buscaron blanquear ganancias de procedencia ilícita, ello mediante la aplicación y puesta en circulación de importantes sumas de dinero en el circuito bancario a través de depósitos en cajas de ahorro, como así la adquisición de vehículos. Otro dato que surgió es que compraban bienes en el exterior con débito, pero esa operación en realidad ocultaba la adquisición de dólares estadounidenses, que luego eran colocados en el mercado blue. Y siguiendo las cuentas bancarias se pudo establecer que cerca de 80 millones de pesos fueron movidos por esta organización durante el tiempo que estuvieron actuando en la región. Asimismo, los investigadores indicaron que la organización usó cuentas bancarias de personas de bajos recursos, como beneficiarios de planes sociales nacionales o provinciales, jornaleros y trabajadores independientes. Es así que una de las personas que fueron usadas accedió a tomar una suerte de crédito pero con el tiempo su cuenta fue bloqueada y aparentemente le abrieron otra en el Banco Nación. Otra persona prestó a un pariente lejano su tarjeta, de la misma entidad, pero como no pudo encontrarlo más se acercó la sucursal. Allí el gerente de la entidad le informó que la de ella cuenta era usada para mover importantes sumas de dinero. Ambas personas se enteraron, luego de ir al banco, que eran millonarias. Se infiere que estas operaciones y otras similares pudieron ser concretadas gracias a que uno de los imputados fue dueño de una agencia de crédito y adquirió conocimientos del sistema bancario. Los imputados son M.A.S.,R.O.B., M.M.A., V.E.H.,J.I.F., A.A.A., O.B.B. y C.N.B. Todos ellos deben responder por lavado de dinero, dos en calidad de autores mientras que el resto está acusado de partícipe necesario. No es la única causa donde se detectaron maniobras de este tipo, incluso una organización, que operaba de forma similar, estaba integrada por expersonal de la PSA. Esas maniobras se siguen concretando, aunque en menor medida por la pandemia y los controles.