Agentes de la Policía Federal tomaron ayer la sede central de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, en Defensa 119 de la Ciudad de impidiendo el ingreso de los trabajadores docentes y no docenes, y reteniendo en virtual secuestro a otro grupo de personas de la comunidad universitaria entre las que estaba la propia rectora Cristina Caamaño. Durante largas horas estuvieron en esas condiciones, sin respuestas ni puentes de diálogo abierto con ningún representante del Ministerio de Justicia, del que depende la UNMa, ni con alguna autoridad policial. La Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció en un comunicado al "gobierno criminal de Javier Milei, que impide a través de uniformados de la Policía Federal el ingreso de los trabajadores de nuestra Universidad a su sede, para cumplir su tarea. La medida viola la autonomía universitaria y pretende criminalizar a los trabajadores", dijeron. Convocamos a toda la comunidad de la UNMa, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y a los partidos políticos a movilizarse a Defensa 119 y poner freno a este atropello". "Pará la mano, Milei. Si sos tan vivo, metete con las Madres, interventor Maurizzio" responden finalmente las Madres, en relación a Eduardo Luis Maurizzio, el hombre que el gobierno intenta imponer como rector de facto. El conflicto A fines de julio el gobierno dispuso la intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. La persona elegida como autoridad es Eduardo Luis Maurizzio, quien se había desempeñado en la institución en su etapa de Instituto Superior de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo y continuó durante el mandato de Jacobo Grossman. Tras el desplazamiento de la anterior rectora, Cristina Caamaño, y meses sin girar ningún importe del presupuesto, la decisión se materializó a través de la Resolución 524 del Ministerio de Capital Humano, con la firma de Sandra Pettovello. En los considerandos se plantea que en las auditorías realizadas a las últimas universidades creadas sobre finales del gobierno anterior, la UNMa se encuentra en condiciones de seguir funcionando. Lo que no queda en claro es por qué no lo hace con su conducción anterior a la intervención. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials rechazó una cautelar de la universidad reclamando al Gobierno los 556 millones de pesos que le adeuda desde su asunción en diciembre pasado. La casa de altos estudios funciona hoy con cursadas virtuales. Los docentes imparten sus clases de manera ad honorem, ya que desde la asunción de Milei, ni ellos ni el personal no docente han podido cobrar. El Poder Judicial también avaló el desplazamiento de Caamaño de la institución educativa y dio validez a una asamblea anterior, de la que surgió el nombre de Grossman. El conjunto de la comunidad educativa desconoció esa instancia y realizó otra en marzo, donde fue elegida Caamaño. Cuando asumió, hacía tres meses que el Gobierno había cerrado la canilla presupuestaria, por lo que todos los cargos fueron ejercidos ad honorem.