De todas maneras, la mera inscripción no garantiza el otorgamiento del subsidio, ya que la solicitud será evaluada por la Secretaría de Energía. La prórroga dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación, conducida por Eduardo Rodríguez Chirillo busca achicar el universo de usuarios que reciben la ayuda estatal y que más familias paguen tarifas plenas, como las que abonan los sectores de mayores ingresos. Anteriormente, bajo la administración de Alberto Fernández, se había creado un sistema automatizado que, basado en la tarifa social, extendía los subsidios a hogares aunque no se hayan registrado en el Rase. En este contexto, se habían contabilizado más de un millón de hogares en situación de extrema vulnerabilidad, que por falta de conectividad o desconocimiento de la resolución, no se habían registrado. La medida buscaba proteger a estas familias, previniendo que se quedaran sin ayuda por falta de acceso al registro. Sin embargo, la gestión de Javier Milei se propone realizar "el ajuste fiscal más grande de la historia?, lo que afecta a los usuarios residenciales más vulnerables". Una de las claves del Rase es que establece tres categorías de usuarios en función de su situación socioeconómica. De esta forma, quedan divididos en nivel 1, para los hogares de mayores ingresos (N1), nivel 2 para menores ingresos (N2) y nivel 3 para ingresos medios (N3). De estos tres niveles, solo los dos últimos pueden obtener el beneficio. La solicitud debe ser completada por todos los hogares que nunca se hayan inscripto y quieran acceder al beneficio. Una vez inscriptos, podrán acceder siempre y cuando reúnan las condiciones socioeconómicas para tenerlo. Tienen que ser hogares que cumplan con los siguientes requisitos: - Percibir ingresos totales de bolsillo menores de 3,5 canastas básicas totales de hogar tipo 2 (que en junio último equivalían a $ 3.056.091, según el Indec) o menores de 3,5 canastas básicas totales tipo 2 más el 22% ($ 3.728.431) para los hogares de la Patagonia. - No cuenten con 3 o más inmuebles propios. - No tengan 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años. - No tengan una aeronave o embarcación de lujo. - No sean titulares de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.