La Justicia de Paraguay elevó a un Tribunal de Sentencia la causa del exsenador peronista, Edgardo Kueider, para el consiguiente proceso oral y público por tentativa de contrabando, impulsado por la fiscalía. Restan por definirse el Tribunal y la fecha en que Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, serán sometidos a juicio oral y público. La medida la dispuso el magistrado, Humberto Otazú, luego de la audiencia preliminar en el juzgado penal de Garantías de Delitos Económicos, que está a su cargo. En la audiencia se rechazaron nulidades, además de pedidos de exclusiones de pruebas. La decisión se tomó luego de la que jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidiera las extradiciones a la Argentina de Kueider y de su secretaria, medida que rechazaron. Ambos cumplen arresto domiciliario en el país vecino. Otazú explicó tras la audiencia que ?se dispuso la apertura a juicio oral y público, no se hizo lugar a una incidencia de nulidad de la acusación y se rechazó la exclusión de una prueba de los videos de cámara de seguridad del circuito cerrado?. El magistrado dijo en declaraciones a El Observador de Paraguay que también se opusieron a planteos de ?nulidad de la acusación? y de un ?sobreseimiento definitivo?. De acuerdo a la investigación que se realizó en Paraguay, los dos acusados habrían conformado una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras con el fin de blanquear dinero ilícito. Para la justicia paraguaya, Kueider y Guinsel Costa no actuaron solos. El por entonces senador y su secretaria habrían trabajado junto a otras personas y contaron con la intervención de las empresas BETAIL SA. y EDEKOM S.A. Los investigadores especulan que las maniobras de lavado de dinero habrían sido a través de la colocación en el sistema financiero, local e internacional y ecosistema de activos virtuales, así como también en la adquisición de bienes inmuebles y muebles. Para los fiscales que llevan la causa en Paraguay, las acciones habrían comenzado a principios de 2017 y se habrían extendido hasta la actualidad. En la acusación contra Kueider y Guinsel Costa se menciona que se valieron de su especial condición de funcionarios públicos en el ejercicio y/o en ocasión de sus funciones. Esta maniobra configuraría el delito de lavado de activos doblemente agravado. Para los fiscales los dos acusados tenían el propósito de otorgarle apariencia de legalidad a los fondos espurios y habrían procedido a la adquisición de inmuebles y automóviles.