Hace más de un año y medio que nada se sabe de Loan Danilo Peña, el nene que cumplió los 6 estando desaparecido y fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes. La jueza Cristian Pozzer Penzo elevó en junio pasado a juicio la causa contra los siete imputados por la sustracción y ocultamiento del menor, dejando definitivamente atrás la línea de la trata de personas. Y, entonces, los abogados de los acusados vieron un vericueto legal para dilatar el proceso. En las últimas horas, la Justicia frenó ese intento de empantanar el cauce natural del expediente. El Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni, con la asistencia de la secretaria Estefanía Daniela Acosta, ratificó su competencia federal para juzgar el caso, rechazando los pedidos de las defensas para que la causa regrese a la justicia ordinaria provincial. El conflicto central giró en torno a la jurisdicción: si el caso debía continuar en el fuero federal, como venía tramitando desde mediados de 2024, o si correspondía devolverlo a la órbita provincial, dado que la instrucción descartó la hipótesis de trata de personas y crimen organizado, y encuadró la conducta de los imputados en el delito de sustracción de menores de 10 años, previsto en el artículo 146 del Código Penal. La defensa oficial de Antonio Benítez, encabezada por Enzo Mario Di Tella, fue la primera en plantear la incompetencia, argumentando que "la competencia federal es de naturaleza excepcional y restrictiva, sólo procede en razón de las facultades delegadas por las provincias al gobierno federal, taxativamente enumerada en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, y por las leyes que atribuyen expresamente esa competencia". A este planteo adhirieron los defensores de los otros imputados: Walter Adrián Maciel, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Oscar Ramírez, Laudelina Peña y Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava. El argumento de las defensas se apoyó en que, tras la investigación, "no existe el ?presunto?, ?supuesto? o ?posible? delito de trata de personas que se pretendía confirmar con la investigación, por lo que al desestimarse esa hipótesis que justificó la radicación de la causa ante la jurisdicción federal, se debe declarar la incompetencia de este fuero". Sostuvieron que la sustracción de menores es un delito ordinario, de competencia provincial, y que mantener el caso en el fuero federal implicaría una extensión ilegítima de su jurisdicción, en abierta contradicción con la Constitución Nacional. Además, remarcaron que la repercusión mediática o la conmoción social no son parámetros válidos para definir la competencia, y que la radicación en la justicia federal no puede sostenerse en razones de oportunidad política ni en la magnitud del impacto público. Por su parte, la querella, representada por Gustavo Alejandro Sánchez Noguera en nombre de la madre, el padre y el hermano de Loan, se opuso de manera enfática a la excepción de incompetencia. Sostuvo que devolver la causa a la justicia provincial "supondría exponer el proceso a la parcialidad estructural de un fuero local comprometido con los imputados y en particular con un funcionario", en referencia a la situación de Maciel, policía de Corrientes. La querella insistió en que la desaparición de Loan constituye una grave violación de derechos humanos y que, mientras el niño no aparezca, subsiste el caso federal. Argumentó que "la desaparición sigue sin resolverse y mientras el niño no aparezca subsiste el caso federal por tratarse de una grave violación de derechos humanos", y que la intervención de funcionarios públicos y la posible participación estatal configuran una desaparición forzada, lo que habilita la competencia federal. No a dilatar el proceso El fiscal general ante el tribunal, Carlos A. Schaefer, también se pronunció en contra del planteo de incompetencia. Consideró que el proceso se encuentra en un estado avanzado, con las partes citadas a juicio, y que un cambio de fuero en este momento "llevaría a una nueva dilación del proceso, atentando contra el plazo razonable y el principio de celeridad". El fiscal recordó que la investigación, aunque se inició en la justicia provincial bajo la hipótesis de abandono de persona, luego viró hacia la sustracción de menores y la posible trata de personas, y que la verdad real de los hechos debe dilucidarse en el debate oral. El tribunal, al resolver, ponderó la complejidad del caso y la repercusión social de la desaparición de un niño en el interior profundo de Corrientes. Reconoció que la causa se inició en el fuero provincial, pero que luego fue remitida al federal ante la sospecha de delitos de criminalidad organizada, hipótesis que finalmente fue descartada en la instrucción. No obstante, el tribunal consideró: "La aceptación de la competencia para juzgar este caso dota de seguridad jurídica y economía procesal al litigio, consolidando la situación procesal y evitando nuevos traslados y avocamientos innecesarios en el expediente, una vez que el proceso ha avanzado y está en etapa de ofrecimientos de prueba, y la inminente fijación de fecha para el debate". En su resolución, el tribunal subrayó que no corresponde escudriñar la causa para seleccionar y extraer hechos y calificaciones que puedan corresponder a uno u otro fuero, sino que, dada la comunidad de las evidencias y la interrelación de los hechos, "deben vincularse ambos procesos y realizarse un solo debate respecto a toda la causa". Además, recordó que existen personas detenidas a la espera de una pronta resolución y que el avance de las actuaciones deja en condiciones la inminente fijación de fecha de debate oral. El tribunal también rechazó el planteo de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Maciel, al considerar que no fue debidamente fundamentado.