La crisis del transporte público en la capital correntina suma un nuevo capítulo que expone, otra vez, a trabajadores y usuarios como rehenes de un sistema sin solución de fondo. Dos de las tres empresas concesionarias -Ersa y Transporte San Lorenzo- suspendieron a 25 choferes sin goce de haberes por 30 días, en el marco de un recorte del servicio que ya venía afectando a miles de pasajeros. SON 25 LOS CHOFERES QUE RECIBIERON EL TELEGRAMA DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE HABERES POR 30 DÍAS. LAS EMPRESAS DICEN QUE NO PUEDEN CUBRIR LOS ALTOS COSTOS DEL COMBUSTIBLE Y CON MENOS SUBSIDIOS. FRENTE A UN RECLAMO DE LA UTA, ES POSIBLE QUE CONVOQUEN A UN PARO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y HASTA PIDAN UN INCREMENTO DEL BOLETO DE COLECTIVO. Las firmas, que cubren las líneas 102, 103, 104, 105, 106, 108 y 109 en esta Capital, argumentan que la medida responde a la imposibilidad de sostener los costos operativos, en especial el combustible. Tal decisión generó de inmediato un fuerte rechazo tanto en el sector sindical, pero también y sobre todo entre los usuarios, que enfrentan desde hace más de un mes un servicio cada vez más limitado, con frecuencias reducidas y unidades que dejan de circular prácticamente después de las 22. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes anticiparon que no convalidarán las suspensiones y que avanzarán con todas las acciones necesarias en defensa de los trabajadores. Incluso, no se descarta la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado, lo que podría agravar aún más la situación para quienes dependen del transporte público a diario. El conflicto se da en un contexto particular: el sistema funciona actualmente bajo un esquema de transición, luego de que el municipio decidiera no prorrogar las concesiones por cinco años como pedían las empresas y avanzar hacia una nueva licitación. Este período excepcional se extenderá hasta el 31 de diciembre, en el marco de la emergencia en el transporte que tienen el mismo plazo de vigencia. Aunque la Comuna aplica multas por la reducción del servicio, las empresas se amparan en ese mismo régimen para justificar los recortes. En la práctica, la combinación de tarifas caras y menor prestación golpea de lleno a los usuarios, que pagan un boleto alto pero reciben menos servicio. La falta de colectivos en horarios nocturnos complica a trabajadores, estudiantes y vecinos en general, profundizando una sensación de abandono. Mientras tanto, el proceso licitatorio que debería redefinir el sistema demandará gran parte de este año, sin garantías de una solución inmediata. En ese escenario, la tensión crece y el conflicto parece encaminarse a una escalada. Empresas que recortan, un sindicato en alerta y pasajeros cada vez más perjudicados configuran un panorama donde la emergencia ya no parece transitoria, sino una condición que se extiende sin respuestas concretas. A este cuadro se suma el malestar de los propios choferes, que no solo enfrentan la incertidumbre laboral sino también condiciones de trabajo cada vez más complejas, con menos unidades en circulación y mayor presión en los recorridos. La posibilidad de nuevas suspensiones o incluso despidos genera un clima de fuerte tensión interna. Por su parte, desde el municipio sostienen que el servicio está garantizado hasta fin de año, aunque reconocen dificultades para hacer cumplir las frecuencias y recorridos establecidos. Las sanciones económicas aplicadas hasta el momento no lograron revertir el achique del sistema, que sigue deteriorándose día a día. Así, el transporte público de Corrientes transita una crisis prolongada, donde las responsabilidades se diluyen y las soluciones no llegan. Entre argumentos empresariales, advertencias sindicales y decisiones oficiales que no logran estabilizar el servicio, los pasajeros quedan una vez más atrapados en una rutina cada vez más incierta