Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, será quien represente al Gobierno en ese encuentro. Ese organismo depende del Ministerio de Capital Humano comandado por Sandra Petovello. Del otro lado estarán los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entidad que nuclea a todas las casas de estudio. Desde ambos sectores esperan alcanzar un ?acuerdo razonable?. Hasta ahora las posiciones están muy lejos una de la otra: el Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y respaldada luego por ambas cámaras y la Justicia en dos instancias, y realizó una propuesta que las universidades califican de ?sin sentido?. ?Vamos a escuchar toda propuesta razonable que empiece realmente a recomponer la situación y que empiece a cumplir lo que la ley establece?, adelanta a Página|12 un representante del sector universitario que va a estar presente en la reunión. Estas semanas no se habló de números, pero sí de un supuesto interés por llegar a un acuerdo por parte del Gobierno. ?Esta reunión no implica que dejemos de reclamar ante la Corte Suprema por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, pero ese fallo puede demorar un mes, dos meses, dos años?, explican desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). De todas maneras, sostienen que la última propuesta del Gobierno ?no tiene sentido? y que no se pueden ni sentar a conversar si es sobre esa base. Ajuste e incumplimiento de la Ley: el Gobierno contra las universidades Desde noviembre de 2023 el Gobierno ajustó un 35% el presupuesto universitario. Si se proyecta el actual presupuesto contra la inflación proyectada por el Relevamiento Mensual del Banco Central para lo que queda del año, ese ajuste superará el 40%. En salarios, que componen casi todo el gasto universitario, el ajuste sería del 43%. En gastos de funcionamiento un 57%. Horas antes de la última Marcha Federal Universitaria, el Gobierno anunció otro recorte de 5.300 millones de pesos en gastos de mantenimiento e infraestructura. Son decenas los edificios universitarios que quedaron sin terminar en todo el país a partir del cambio de gestión hace dos años y medios. El presupuesto para todo 2026 es de 4.8 billones de pesos, cuando las universidades aseguran que precisan 7.3 billones para un normal funcionamiento. En ese ajuste también entra la subejecución presupuestaria, por ejemplo en los hospitales universitarios. Los mismos son claves no solo para la formación de profesionales, sino para miles de personas que acceden a la salud a través de ellos. A la fecha el Gobierno les adeuda 80 mil millones de pesos del presupuesto 2026. En agosto de 2025 el Congreso sancionó con amplia mayoría en ambas cámaras la Ley de Financiamiento Universitario. La misma establece la recuperación del poder adquisitivo para dejarlo en el mismo nivel que en noviembre de 2023, tomando como referencia la inflación. Para adelante, establece paritarias que tengan como piso el IPC. En aquel entonces Javier Milei vetó la ley: el Congreso volteó el veto en ambas cámaras, aunque el Gobierno no cumplió de todas maneras. Las universidades apelaron ante la Justicia y consiguieron fallos favorables en primera y segunda instancia, pero el Presidente continúa sin cumplir con la ley. En un contexto de caída de la recaudación por la baja en la actividad económica, intentar mantener el superávit ?que el propio FMI puso en duda si se contabilizan intereses de deuda? es la prioridad absoluta del equipo económico. En cambio, desde el Poder Ejecutivo propusieron un aumento del 12% en 3 cuotas, lo que las casas de estudio califican como menos que insuficiente. A la espera del fallo definitivo de la Corte Suprema, que no tiene fecha límite para tomar una decisión, el Gobierno y las universidades se reúnen esta semana para acercar dos posiciones que están muy lejos una de la otra.