La Comisión de Diversidad y Género de la Cámara de Diputados de la Nación analizó ayer dos proyectos de leyes que proponen la declaración de la emergencia nacional en materia social contra la violencia. Las iniciativas, que se evaluaron de forma conjunta, son impulsadas por la correntina Nancy Sand y sus pares de Santa Fe Mónica Fein y Esteban Paulón. Ambos proyectos proponen la declaración de la Emergencia Pública Nacional en materia social por violencia de género contra las mujeres y diversidades por el término de dos años. El objetivo es prevenir, asistir, sancionar y erradicar las violencias por motivos de género en todo el territorio nacional. Para ello, se estipula que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los ministerios y organismos competentes, deberá adoptar medidas urgentes y coordinadas para prevenir y disminuir el número de personas en situación de violencia por motivos de género, garantizando la asignación prioritaria de recursos presupuestarios y la articulación efectiva entre Nación, provincias y municipios. Esto implica el restablecimiento de la implementación integral del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. Se demanda, a su vez, la continuidad de los programas de protección, muchos de ellos habían sufrido fuertes recortes durante la administración de Javier Milei. También, la iniciativa solicita reforzar los equipos interdisciplinarios que asistían a las víctimas en todo el país. La propuesta que impulsa Sand promueve la creación de un Comité Federal de Emergencia en Violencias de Género, con representación de los tres poderes del Estado y de organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos. Este tendrá facultades para coordinar acciones, supervisar el cumplimiento de la ley, en caso de ser sancionada, y exigir la rendición pública y periódica de resultados. En los fundamentos del proyecto de ley, la diputada por Corrientes expresó que "durante los últimos días, una serie de hechos de crueldad sin precedentes sacudieron a la opinión pública y dejaron al descubierto el colapso de las políticas de prevención y protección". Entre los casos se mencionó el triple femicidio de Florencio Varela, ocurrido a comienzos de octubre de 2025. Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron torturadas, asesinadas y enterradas en una vivienda del conurbano bonaerense. "Este crimen expuso la convergencia entre narcotráfico, violencia de género y desprotección estatal, mostrando la falta total de articulación entre las fuerzas de seguridad, la justicia y los organismos de género", expresa el expediente. En Entre Ríos, el femicidio de Daiana Magalí Mendieta (22), quien fuera hallada en un aljibe en Gobernador Mansilla tras haber sido reportada como desaparecida, "demostró la ausencia de protocolos rápidos de búsqueda y prevención ante denuncias en contextos de violencia", según sostiene la iniciativa impulsada por la legisladora que integra el bloque Unión por la Patria. En Bahía Blanca, Adriana Miriam Velázquez (52) y su hija Mariana Belén Bustos (25) fueron halladas calcinadas. "Todo apunta a un femicidio vinculado al entorno familiar, otra muestra del horror dentro del propio hogar", sostiene el expediente. "En Chaco, Gabriela Arací Barrios (20) fue asesinada y su cuerpo arrojado a un pozo cloacal. El principal sospechoso es un hombre de su entorno, y el caso expone la desidia judicial y la inacción ante denuncias previas", señala. "En Corrientes, Camila González (29) murió tras caer de un sexto piso. Su ex pareja fue detenida luego de confirmarse antecedentes de violencia y hostigamiento", afirma el proyecto en los fundamentos. Según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en lo que va de 2026 se registraron 164 femicidios, es decir, uno cada 36 horas. Al menos 142 niñas y niños quedaron huérfanos, víctimas colaterales de una violencia que el Estado no logra detener. "A este escenario se suma un contexto económico y social crítico, donde los recortes presupuestarios implementados por el Gobierno de Javier Milei afectaron áreas estratégicas de prevención y asistencia", afirma indica el proyecto. Estas son la reducción de partidas para programas del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; el cierre o vaciamiento de dispositivos territoriales y refugios; el desmantelamiento de equipos técnicos que garantizaban acompañamiento y seguimiento de casos; y la falta de articulación entre fuerzas de seguridad, justicia y gobiernos locales. Sand expresó en su proyecto que "declarar la emergencia no es un gesto simbólico. Es un acto de humanidad, de responsabilidad y de justicia. Porque la indiferencia también mata, y porque la vida de cada mujer, de cada niña, de cada persona trans vale más que cualquier ajuste".