El gobierno decidió cambiar las reglas del control alimentario argentino El Gobierno nacional oficializó la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y redistribuyó todas sus funciones entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Salud. La decisión quedó plasmada en el Decreto 697/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, e incluye además modificaciones en el Código Alimentario Argentino, que por primera vez tendrá un plazo máximo para su actualización. A partir de esta reorganización, el SENASA absorberá las tareas de registro, control y fiscalización de alimentos, mientras que la cartera sanitaria concentrará la conducción de la política alimentaria. La primera medida que impulsará será avanzar en la eliminación de colorantes y saborizantes en los alimentos procesados. La nueva distribución de competencias responde, según explicó el Ejecutivo, a la capacidad operativa del SENASA, que cuenta con la mayor infraestructura de control alimentario del país, integrada por laboratorios, inspectores y presencia territorial para supervisar tanto la producción primaria como la industrial. De acuerdo con el decreto, el INAL nunca desarrolló una estructura de ese alcance, por lo que la modificación apunta a aprovechar esa capacidad instalada. Con este esquema también se separan las funciones de fiscalización de las vinculadas a la conducción sanitaria. Mientras el SENASA quedará a cargo del control operativo de los alimentos en todo el territorio nacional, el Ministerio de Salud concentrará el trabajo técnico para definir las políticas de alimentación saludable y las futuras modificaciones del Código Alimentario Argentino junto con la Secretaría de Agricultura. Entre los principales cambios, el SENASA centralizará las funciones de registro, control y fiscalización que hasta ahora ejercía el INAL, incluyendo el control de las importaciones de productos alimenticios. Además, será el organismo encargado de autorizar y supervisar los establecimientos oficiales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que verifiquen el cumplimiento del Código Alimentario Argentino, mientras que las habilitaciones seguirán siendo otorgadas por el propio organismo o por las jurisdicciones provinciales, según corresponda. La medida también apunta a simplificar el sistema regulatorio. El decreto elimina superposiciones entre organismos y reduce la carga administrativa sin modificar los estándares de protección de la salud pública. En ese marco, se reconocerán por equivalencia las certificaciones de aditivos, ingredientes y coadyuvantes tecnológicos emitidas por países con sistemas de control reconocidos o que apliquen el Codex Alimentarius, evitando repetir trámites y evaluaciones para productos que ya cuentan con autorización en el exterior. Además, dejarán de realizarse procedimientos duplicados para registros, productos y establecimientos que hasta ahora eran evaluados tanto por el INAL como por el SENASA, con el objetivo de agilizar los procesos administrativos. Otro de los ejes de la reforma es la modernización del sistema de registros. El decreto crea una Base Única de Datos bajo la órbita del SENASA, donde se concentrará toda la información sobre productos y establecimientos alimenticios. La centralización busca agilizar los trámites, mejorar la trazabilidad y reducir la burocracia para quienes operan en el sector. En esa misma línea, la normativa fija por primera vez un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el Código Alimentario Argentino, con el objetivo de dar mayor previsibilidad, transparencia y rapidez a las modificaciones de la normativa vigente. La reorganización también incorpora cambios para el comercio exterior. En el caso de las importaciones de alimentos envasados para venta directa, se implementarán controles posteriores al ingreso al país para evitar demoras en su comercialización. En materia de exportaciones, los productos deberán cumplir los requisitos establecidos por el país de destino y las certificaciones serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional. El decreto además prevé que el SENASA impulse convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar hacia un sistema armonizado de registros, requisitos, aranceles y sanciones. Como parte de ese proceso se implementará un registro único para establecimientos, con una identificación común para facilitar la comercialización de productos en todo el país. Por su parte, el Ministerio de Salud incorporará dentro de su estructura las funciones de definición de política alimentaria que ejercía el INAL, con un enfoque centrado en la evidencia científica sobre la composición de los alimentos. La primera prioridad será avanzar en la eliminación de colorantes y saborizantes de los alimentos procesados, en línea con estándares internacionales de alimentación saludable. Según el nuevo esquema, mientras el SENASA fiscalizará el cumplimiento de la normativa vigente, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura serán los encargados de definir el contenido del Código Alimentario Argentino.