El fiscal Gerardo Pollicita firmó el requerimiento para que el exjefe de gabinete Manuel Adorni justifique sus bienes ante las inconsistencias detectadas en el marco de la causa donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito. El exfuncionario tiene 15 días para responder. Tal como venía contando Data Clave, la decisión se da luego del análisis que se realizó del informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un documento que detalló la evolución de su patrimonio. La fiscalía trabajó durante la feria judicial y cotejó no solo el informe sino también las declaraciones juradas de Adorni y su mujer, Bettina Angeletti. De esa forma, se advirtieron una serie de inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial, que incluye más de 20 preguntas. El expediente reúne gastos superiores a los 400 mil dólares, deudas por 335 mil dólares, consumos realizados con tarjetas de crédito propias y también con plásticos que, según la causa, le facilitaban funcionarios y amigos vinculados al área de Comunicación del Gobierno. La fiscalía también recibió declaraciones de distintos testigos. Entre ellos aparece el contratista Matías Tabar, quien realizó refacciones en la casa de Indio Cuá y cuyo teléfono aportó elementos considerados determinantes para los investigadores. Además, el expediente incluye registros de compras, gastos millonarios en viajes y adquisiciones de alto valor, entre ellas ropa blanca por 8 millones de pesos, una cascada para la pileta de la vivienda ubicada en un country y proyectores para videojuegos. Otro de los ejes de la investigación está vinculado a las operaciones con activos digitales. La fiscalía recibió respuestas de plataformas de criptomonedas como Binance y Lemon Cash, donde el exfuncionario tuvo cuentas. A partir de esa información, los investigadores sostienen la hipótesis de que, desde su llegada a la función pública en diciembre de 2023, Adorni llevó un nivel de vida muy superior al que mantenía antes de asumir como vocero presidencial. La lista de cuestionamientos de la investigación: Uno de los principales puntos está relacionado con el crecimiento de los bienes y los gastos. La fiscalía contrastó los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, que alcanzaron $229.752.283,20, con gastos y adquisiciones por $272.820.832,20, además de USD 402.578,12. De ese monto en dólares, USD 374.081,66 fueron abonados en efectivo. Otro de los ejes es la tenencia de dólares en efectivo. En distintas declaraciones, Adorni informó USD 565.000 al inicio de 2023, USD 513.000 al cierre de ese año y USD 388.961,52 al finalizar 2024, bajo el concepto de una supuesta ?venta de activos?. La fiscalía le pide identificar qué bienes fueron vendidos, cuándo, a quiénes y qué documentación respalda esas operaciones. También quedó bajo análisis la operatoria con criptoactivos. El informe señala que Adorni declaró ante Binance un capital de USD 250.000 que no apareció exteriorizado en sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción. Además, la investigación reconstruyó movimientos por USD 269.550,36 durante el período examinado y pidió explicaciones sobre el origen y destino de esos fondos. La fiscalía también puso el foco en los pagos realizados a través de terceros, entre ellos Gisela Kocsis y Laura Daniela Schiuma, y en los reintegros efectuados en efectivo. A esto se suma el esquema de financiamiento basado en mutuos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, cuya existencia, entrega y aplicación de los fondos deberán ser acreditadas. Otro capítulo está relacionado con los bienes registrados a nombre de su esposa, Bettina Julieta Angeletti. La fiscalía señala que la Jeep Compass por $21.500.000 fue declarada por Adorni como un bien del que poseía el 50%, pero la concesionaria la facturó íntegramente a Angeletti. También se pide explicar el origen del dinero utilizado para el lote 380 del country Indio Cuá, la vivienda construida allí y los USD 245.000 abonados por su remodelación. Las herencias, donaciones e ingresos exentos también forman parte del requerimiento. Adorni declaró bienes recibidos por herencia, legado o donación por $10.211.200 en 2024 y $73.000.000 en 2025, además de ingresos exentos o no alcanzados por Ganancias. La fiscalía reclama que se identifique el origen de esos fondos, quién los entregó, cuándo y mediante qué instrumento. A su vez, el organismo detectó diferencias entre los ingresos informados ante la Oficina Anticorrupción y los registrados por ARCA. En 2024, Adorni declaró $52.080.752,65 por renta del trabajo personal, mientras que el organismo recaudador registró $50.196.182,57. La diferencia fue de $1.884.570,08. Otro de los puntos señalados es la evolución del monto consumido. Adorni declaró consumo cero para 2024, pero luego reemplazó esa cifra por $118.989.413,58 en una segunda rectificación. Sumados otros gastos, las aplicaciones no patrimoniales de ese ejercicio llegaron a $169.457.489,25. La fiscalía pide que explique cómo se determinó esa cifra y cuál fue la fuente de los fondos. Finalmente, el requerimiento cuestiona las rectificaciones de las declaraciones juradas y la propia declaración inicial presentada al asumir. En junio de 2026, los bienes declarados al cierre de 2023 pasaron de $61.018.251,10 a $515.479.434,62, mientras que los correspondientes a 2024 subieron de $107.894.833,66 a $662.646.891,98. Además, el informe detectó que el 79,3% del patrimonio inicial había sido declarado sin datos suficientes para verificarlo y que dos deudas con Banco Galicia desaparecieron de las declaraciones posteriores.