El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso la inmediata detención de Pablo Carlos Molina, exsecretario del Juzgado Federal N° 1 de esa provincia, con el objetivo de que comience a cumplir de manera efectiva la pena de cuatro años de prisión que se le impuso por haber ordenado el espionaje ilegal de los teléfonos de su esposa y del exnovio de la mujer. La medida judicial se dictó este lunes, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara el último recurso de la defensa, lo que otorgó firmeza definitiva a la sentencia condenatoria. Según se desprende de la resolución, a la que accedió Infobae, el tribunal correntino encomendó la captura de Molina a la Gendarmería Nacional, fuerza de seguridad que deberá localizar al condenado en su último domicilio registrado en la provincia del Chaco. Según lo dispuesto por los magistrados Ruben David Osca Quiñones, Fabián Gustavo Cardozo y Jorge Gallino, el ex funcionario judicial permanecerá alojado de forma provisoria en una dependencia de Gendarmería hasta que se concrete su posterior traslado a una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal. La causa penal contra el exsecretario se inició a partir de un hallazgo fortuito ocurrido el 15 de marzo de 2019. Para ese momento, Molina ya había dejado la secretaría y estaba detenido por otra causa, en la que se investigó su participación en una asociación ilícita que operaba dentro del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, junto al exjuez Carlos Vicente Soto Dávila, destinada a favorecer a narcotraficantes. Es así que en 2019 se realizó un relevamiento de expedientes y efectos secuestrados. Un empleado del juzgado entregó a la secretaria subrogante 28 discos que contenían grabaciones de comunicaciones telefónicas interceptadas. Estos soportes digitales se encontraban guardados en el despacho que había ocupado Molina antes de ser apartado de sus funciones. Al analizar los discos, detectaron que llevaban un rótulo con el número de oficio 178/13, correspondiente a una causa por narcotráfico del año 2013. Sin embargo, al cotejar los registros, se constató que las líneas telefónicas grabadas no pertenecían a los sospechosos de ese expediente, sino a Carolina Etel Codutti, esposa de Molina, y a Norberto Fabián Sucatzky, un allegado de la mujer y exnovio de la adolescencia. Pablo Molina sospechaba que su pareja le estaba siendo infiel. Ante la evidente discrepancia, el juez subrogante Juan Carlos Vallejos ordenó labrar un acta y delegó la investigación en el Ministerio Público Fiscal. Celos y espionaje La investigación determinó que las intervenciones telefónicas se realizaron entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014. Para concretar la maniobra, Molina confeccionó el oficio N° 3369 utilizando el formato, los sellos y la estructura del juzgado, e insertó los números de su esposa y de Sucatzky como si fueran objetivos de una investigación real por tráfico de estupefacientes que tramitaba en su despacho. El documento contó con la aprobación del entonces juez Soto Dávila, quien posteriormente declaró que firmó el escrito sin leer con atención, amparado en la confianza que le tenía a su secretario. Los investigadores comprobaron que las líneas intervenidas pertenecían a la provincia del Chaco y que no tenían ninguna vinculación con la causa de narcotráfico, cuyos sospechosos operaban en Buenos Aires y Mendoza. Al escuchar el contenido de los audios, se constató que las grabaciones registraban diálogos de carácter estrictamente privado y familiar. En muchas de esas conversaciones, el acusado se dirigía a su esposa mediante agresiones verbales y amenazas. En el juicio oral, los miembros de Gendarmería Nacional que intervinieron en la causa original de narcotráfico confirmaron que ellos nunca solicitaron la intervención de abonados con característica telefónica del Chaco. Un oficial declaró bajo juramento que recibió un llamado directo de Molina, quien le anticipó la medida y le ordenó expresamente que los discos con las grabaciones debían ser remitidos cerrados al juzgado, sin ser escuchados ni desgrabados por el personal de la fuerza de seguridad. Asimismo, el empleado judicial que encontró los dispositivos testificó que, tras el traslado de Molina a otra secretaría, el acusado lo llamó por teléfono para preguntarle específicamente por el destino de los discos. El Tribunal Oral Federal de Corrientes dictó la sentencia condenatoria el 29 de julio de 2025, e impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica en concurso real. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la resolución en abril de 2026. Finalmente, este viernes los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimaron el recurso de queja de la defensa por considerarlo inadmisible, lo que clausuró la vía recursiva y motivó la orden de detención del exfuncionario.