Marcela Kriscovich, referente de Prestadores Médicos en Discapacidad, informó sobre las reuniones que mantuvo con legisladores nacionales para exponer la situación del sector y advirtió por las demoras en los pagos, la falta de actualización de aranceles y el riesgo de una interrupción en la cadena de prestaciones. Kriscovich señaló que durante un encuentro con diputadas nacionales planteó que la recomposición de aranceles continúa impaga. Según explicó, algunos prestadores recibieron notificaciones de liquidación en junio, pero todavía no cobraron, mientras que otros expedientes ni siquiera registraron avances. También, cuestionó las demoras del programa Incluir Salud y aseguró que, mientras en Buenos Aires y CABA los pagos se concretarían con una demora de unos 60 días, en el interior del país los plazos llegarían a 3 o 4 meses. Otro de los reclamos estuvo relacionado con las prestaciones para personas con discapacidad vinculadas a las obras sociales de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Kriscovich sostuvo que los cambios administrativos y de denominación generaron nuevas presentaciones de documentación y mayores demoras en autorizaciones y pagos. A esto sumó la falta de medicamentos para hogares y residencias bajo Incluir Salud, situación que, según afirmó, obliga a los establecimientos a recurrir a distintas alternativas para garantizar los tratamientos. La referente también advirtió a Nord24 sobre el funcionamiento del Fondo Solidario y el mecanismo de integración, cuya recaudación depende de ARCA. Según su planteo, las demoras en la recaudación y en la transferencia de fondos podrían poner en riesgo la cadena de pagos de las obras sociales alcanzadas por el sistema. En ese sentido, reclamó una decisión política del Poder Ejecutivo para reforzar el fondo y evitar que las demoras profundicen la crisis del sector. Finalmente, Kriscovich expresó que el problema de los prestadores de discapacidad se arrastra desde gestiones anteriores y afirmó que la situación se agravó en los últimos años. Además, señaló que algunos centros cerraron, profesionales dejaron de trabajar con obras sociales y otros establecimientos se encuentran en una situación financiera crítica. También, confirmó que participará de una audiencia informativa en la Cámara de Diputados de la Nación, donde continuará planteando los reclamos del sector. Crecen los reclamos por estafas: Javier Silva, subsecretario de Comercio y Defensa del Consumidor, explicó el trabajo que realiza el organismo para asesorar y acompañar a personas damnificadas por inconvenientes con productos o servicios, transacciones, posibles estafas y distintos tipos de reclamos. En ese marco, destacó la importancia de educar a los consumidores sobre sus derechos y las herramientas para defenderlos. El funcionario señaló que comenzaron a recorrer localidades del interior de la provincia con el objetivo de acercar información a los consumidores. Remarcó que se trata de una herramienta gratuita del Gobierno que permite presentar denuncias ante inconvenientes con productos o servicios y activar mecanismos para intentar resolver los conflictos. Actualmente, las consultas pueden realizarse de manera telefónica, mientras que las denuncias todavía deben efectuarse de forma presencial. Silva indicó que trabajan en la modernización de la Subsecretaría para facilitar el acceso al servicio y evitar que los ciudadanos tengan que trasladarse hasta las oficinas.