La medida fue confirmada por la subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien cuestionó el reclamo presentado por la Argentina y sostuvo que constituye un "intento de socavar los derechos, la prosperidad y la seguridad económica de los habitantes" de las islas. En un comunicado difundido en redes sociales, Kumaran defendió las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos y afirmó que "la actividad hidrocarburífera está regulada bajo la ley de las Falklands (Malvinas)" y se desarrolla en concordancia con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). La funcionaria británica también cuestionó la decisión adoptada por Buenos Aires y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el vínculo bilateral: "No es un acto que refleje la responsabilidad de los compromisos internacionales", afirmó. En ese sentido, Kumaran elevó el tono de las críticas contra el Gobierno argentino al asegurar que "ese comportamiento nos plantea preguntas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido". Además, reiteró la posición británica respecto del archipiélago al señalar que las islas "son británicas, siempre defenderemos los derechos de los isleños a la autodeterminación". También aseguró que "el Reino Unido continuará hombro con hombro junto a ellos para defender robustamente sus deseos, su economía y su derecho a definir su futuro". Javier Milei impulsa un arbitraje internacional: La convocatoria a Plaza se produjo después de que Javier Milei decidiera iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación petrolera en las inmediaciones de las Islas Malvinas, una iniciativa rechazada por Londres. El Presidente había anunciado que, si las autoridades británicas no cumplen con el requerimiento argentino dentro del plazo de dos semanas, el Gobierno solicitará ante un tribunal internacional la aplicación de medidas provisionales destinadas a resguardar los derechos soberanos reclamados por el país. Milei sostuvo que el objetivo de las acciones es detener "el saqueo ilegal" de recursos argentinos en el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y cuya soberanía es reclamada por la Argentina. En paralelo con el arbitraje, la Cancillería argentina intensificó las acciones contra empresas e inversores relacionados con los proyectos de explotación de hidrocarburos en la zona. Hasta el momento, el Palacio San Martín envió alrededor de 200 notas de advertencia a compañías e inversores de 30 países y puso en marcha unos 60 procedimientos administrativos vinculados con esas actividades. Además, el Gobierno presentó ante tribunales argentinos al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras, entre ellas firmas de capitales británicos, israelíes y canadienses, así como contra sus directivos.