Tras meses de desgaste político y con el rechazo de la Corte Suprema puesto, el Gobierno nacional, otra vez, volvió sobre sus pasos y definió un aumento menor al previsto en las tarifas del gas. La propuesta, que se presentará formalmente en la audiencia pública del 16 de septiembre, es incrementar hasta el 300% el gas en boca de pozo. Se trata de una rebaja del 400% para los hogares y del 500% para las empresas que ya había corregido meses atrás el Poder Ejecutivo.

El nuevo esquema tarifario se definió ayer en una reunión en Olivos, encabezada por el presidente Mauricio Macri y de la que participaron los ministros Juan José Aranguren (Energía) y Alfonso Prat-Gay (Hacienda y Finanzas), los coordinadores Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y el diputado Emilio Monzó.

Con esta recomposición de los precios, los hogares volverán a pagar una suba tras el fallo de la Corte Suprema que anuló el incremento para este segmento, pero el resto de los actores sociales -empresas, comerciantes y clubes de barrio, entre otros- tendrán algo de alivio.

Aún así, la propuesta que se baraja sigue siendo elevada para muchos hogares y sectores pymes, uno de los sectores que más protestó contra el "sinceramiento" de las tarifas por considerarlas ruinosas. Por ello, se espera que en la audiencia pública se convierta en una batalla con la oposición política y social, aún con un ajuste más benigno que los anteriores.

En estos meses, la cuestión tarifaria produjo un tembladeral y un alto costo político para la Casa Rosada, al punto de circular versiones de una posible renuncia de Aranguren. Es que el equipo del ministro no había previsto en el cálculo la medida que adoptó Cristina Kirchner en 2014, que abarataba el servicio a los usuarios que bajaban su consumo en un 20 y 5 por ciento. Esa resolución, junto a la suba exponencial del consumo que conllevó este invierno -uno de los más fríos de los últimos 60 años-, desarticuló las previsiones y produjo la catástrofe.

Los esquemas de aumentos previos tuvieron subas superiores al 400% y en algunos casos conllevó facturas de miles de pesos, como la del diputado Sergio Massa, que exhibió una astronómica boleta de 8400 pesos. La intención oficial es que, de mínima, no regrese una ola de amparos y se expanda el malestar social que puso freno al tarifazo.

"No puede haber errores ni cuestionamientos legales", les marcó el Presidente a Jefatura de Gabinete y el ministerio de Energía, según publicaron hoy los diarios La Nación y Clarín.

El 300% se aplicará transitoriamente para los productores de gas en boca de pozo, hasta que comience a entrar en vigencia la revisión integral de las tarifas el año que viene, que se resolverá en octubre. Con respecto a la distribución, que representa el 21% del costo de la boleta que llega al hogar, el incremento todavía no está resuelto.

Si el nuevo esquema prospera, el recorte de los subsidios a los usuarios será menor que el previsto. El 15% del costo del gas que el Estado había calculado pagar antes del fallo quedará ahora en 45%, pero irá bajando paulatinamente hasta quedar en 0% en el transcurso de tres años.

Hoy, el Estado nacional subvenciona casi el 85% del costo del gas que consumen los hogares, aunque este sector solo representa el 25% del total de sistema.