Tras fuertes deliberaciones internas por los recientes traspiés políticos, el gobierno de Mauricio Macri convocará desde esta semana en forma escalonada a un diálogo multisectorial. El llamado incluiría a gobernadores, intendentes, bloques parlamentarios opositores, a la CGT, empresarios y entidades de la sociedad civil. Pero no contemplaría una gran "foto política" para buscar consensos políticos y económicos para bajar el nivel de conflicto.

Según pudo saber LA NACION de altas fuentes de la Casa Rosada, el primer diálogo será sobre el nuevo cuadro tarifario del gas. Le seguirán el debate de la ley de Presupuesto 2017, un Acuerdo Energético Federal a largo plazo como política de Estado y el Plan Productivo que intenta reactivar la economía y crear empleo.

El Presidente siempre desconfió de la concertación política y económica como herramienta de gestión. El disparador de este giro en su estrategia fue el golpe político que significó el fallo de la Corte Suprema, hace 10 días, que suspendió los aumentos de tarifas del gas para usuarios domiciliarios y ordenó hacer audiencias públicas.

La preocupación por el impacto fiscal de $ 30.000 millones para 2016 y por posibles nuevos amparos judiciales y conflictos políticos llevaron a la Casa Rosada a elegir la vía del consenso. El diálogo político también se reabrirá para definir el futuro de la educación y un plan de lucha contra el narcotráfico.

Macri diseñó un nuevo borrador de aumentos tarifarios del gas, más graduales, con topes de 300% para usuarios residenciales. Pero ahora quiere un consenso multisectorial antes de la audiencia pública del 16 de septiembre próximo, y que, de allí, surja una resolución final fortalecida y con sustento político. La intención es luego replicar esta mecánica dialoguista y acuerdista.

"Hay que apuntar a consensos sobre tarifas, al plan energético, al plan productivo, el narcotráfico y la educación así como hicimos con la devolución de los fondos de las obras sociales con la CGT, el blanqueo de capitales o los fondos buitre con la oposición", dijo a LA NACION un funcionario cercano al jefe del Gabinete, Marcos Peña.

"Se convocará a los gobernadores, intendentes, bloques parlamentarios, empresarios, a la CGT y a la sociedad civil", agregó.

Por un lado, se invitaría a los diversos sectores del peronismo moderado: el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa; del PJ, José Luis Gioja; del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, y del Bloque Justicialista de diputados, Diego Bossio, entre otros. También inclurían a la jefa del bloque del GEN-Progresistas, Margarita Stolbizer, y a la izquierda.

El Presidente se reunió el miércoles último con el ex jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, que se comprometió a gestionar ante la nueva conducción tripartita de la central obrera la posibilidad de bajar los decibeles de los reclamos por un tiempo razonable para garantizar la paz social y la gobernabilidad. Macri convocaría a la nueva CGT para el jueves próximo a una reunión de presentación e iba a asistir anoche a la cena anual del gremio gastronómico, de Luis Barrionuevo.

Las reuniones con los diversos sectores serían escalonadas y sin una gran mesa de concertación.

"El Plan Energético Federal tendrá como base la carta compromiso que todos los candidatos presidenciales firmamos en la campaña de 2015", dijo a la LA NACION un ministro. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con Massa para intercambiar ideas sobre el narcotráfico.

Macri, Peña, el asesor en imagen Jaime Durán Barba y el núcleo duro macrista siempre desconfiaron de los diálogos políticos porque temían agudizar los conflictos. Los más radicalizados en esta línea eran los llamados CEOs del gabinete: el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y los vicejefes de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.

Luego de la renuncia de Aranguren rechazada por Macri el jueves último, todos ellos pasaron a la fase dialoguista. Los impulsores del cambio fueron los hombres del "ala política": el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Tenían como aliado al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.

Según Durán Barba, los acuerdos podían licuar el poder y la iniciativa de Macri. Frigerio y Monzó sostuvieron que era al revés: involucrar a la oposición evitaría los conflictos y los éxitos fortalecerían a Macri.

Sus aliados del "ala política" son los diputados y ministros de la UCR; la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; la vicepresidenta Gabriela Michetti, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, el jefe del bloque de Pro, Nicolás Massot, y los ministros Germán Garavano (Justicia) y Jorge Triaca (Trabajo).

"Estamos ante una gran oportunidad de revertir este retroceso. Hay que ver si lo sabemos hacer", dijo un funcionario a LA NACION. Confió que una opinión clave fue la del procurdador del Tesoro, Carlos Balbín: sólo un acuerdo político evitaría futuros amparos sobre el gas. Frigerio confirmó ayer que habrá "un borrador más progresivo" para las tarifas y será "consensuado con gobernadores, intendentes, las asociaciones de consumidores y sindicatos".